Ésta, a su vez, la turnó para su análisis a las comisiones de Seguridad Pública, encabezada por Francisco Rodríguez Álvarez, y a la de Derechos Humanos que preside el priista Sergio Céspedes Peregrina.
Una vez votada, las comisiones de Seguridad Pública y Derechos Humanos emitieron un dictamen que fue turnado a la Comisión Permanente, la cual lo entregó a la Presidencia de la Mesa Directiva.
La Mesa Directiva, encabezada por Susana Riestra, consultó a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, léase Víctor Manuel Giorgana, para convocar a una sesión extraordinaria.
Establecida la fecha, se conformó una orden del día que, entre otros asuntos, consideraba el análisis de la Ley Bala.
Por acuerdo parlamentario se decide proceder a la Dispensa de Lectura, es decir, se canceló la discusión en el pleno y se procedió a la votación, lo que obliga a la publicación del dictamen en el Diario Oficial, tal y como quedó en comisiones.
Sin moverle siquiera una coma.
Ese fue el dictamen que realmente votaron los miembros de la permanente.
De manera unilateral, el gobernador ordenó la modificación del dictamen y su consecuente publicación, violando la autonomía del Congreso y sus protocolos más elementales.
La publicación del dictamen original en la cuenta de Twitter de Franco Rodríguez fue una prueba demoledora de lo anterior.
La comprobación de la infamia, a pesar de su cobarde y posterior supresión.
Al final, en la ley publicada en el Diario Oficial del estado se suprimió el Artículo 9 en su fracción IV y se modificaron de manera sustancial los artículos 44 y 46.
Los más polémicos, los que motivaron una andanada de durísimas críticas y señalamientos en medios nacionales y extranjeros.
Al ver la imagen del mandatario afectada, se procedió a la implementación del más burdo montaje mediático que incluyó la involuntaria participación del presidente de la CNDH Raúl Plascencia, quien siguió al pie de la letra el guión que le dieron.
Penoso.
Todo esto motivó un intenso trabajo de rectificación y alteración de actas y documentos, para que al final “todo cuadre”.
Sin embargo, la clave está en la grabación de la sesión de las comisiones unidas de Seguridad Pública y Derechos Humanos, la cual no deja lugar a dudas.
Afortunadamente, y para evitar cuestiones como esta, el protocolo legislativo obliga a la grabación de absolutamente todas las sesiones en comisiones o en el pleno.
¿O no?
Lo grave del tema es que, el desaseo alrededor de la aprobación de la Ley Bala es apenas un ejemplo de una estrategia legislativa que se sigue al pie de la letra para aprobar en automático y sin debate de por medio, iniciativas enviadas desde Casa Puebla.
Lo peor es que, todo, se ha dado con la anuencia de la gran mayoría de los diputados, de todos los partidos y colores, cómodos e incómodos, lo que los convierte en cómplices de una artera falta de respeto al poder que representan.
Ya lo ve, en Puebla hay un solo y gran legislador y cobra como gobernador.
¿Alguien lo duda?
