Conociendo ya el formato y alcance de los mismos, se daba por hecho que se podía controlar el resultado final y garantizar la obtención del distintivo, obligando a los subordinados a responder de acuerdo a los intereses de la dependencia.
Es decir, intentaron obligarlos a mentir.
Sin embargo, jamás consideraron siquiera que el hartazgo y el grado de insatisfacción laboral serían de tal magnitud que la gran mayoría se pasó la indicación “por el arco del triunfo”.
Con todo y las amenazas que se esgrimieron en caso de que el resultado final no fuera el esperado.
Razones hay de sobra para entender el por qué de semejante acto de “rebeldía”, que en los hechos, es más bien un legítimo derecho de expresarse libremente y de acuerdo a la verdad.
Y es que los abusos en la SFA comienzan desde el mismísimo ingreso de un trabajador a la dependencia.
Ya hablábamos aquí de los alcances del contrato que firman los trabajadores al servicio del estado, en donde de manera “voluntaria” renuncian a los beneficios de recibir seguridad social.
El contrato se firma por triplicado, pero el aludido jamás recibe una copia, único argumento legal de peso para defender sus derechos laborales.
En ese documento, se establece también que el horario oficial de trabajo será de 9 de la mañana a 6 de la tarde, algo que jamás se respeta en ninguna de las áreas.
Por ejemplo, en la de Inversión, lo normal es entrar a las 9 y salir a la 1 de la mañana, sin que exista la compensación correspondiente por las horas extra trabajadas.
En la Procuraduría Fiscal, el horario común de salida es a las 10 de la noche, también sin pago adicional.
En vísperas del informe del gobernador, personal de áreas como la Subsecretaría de Planeación son “retenidos” hasta por 4 días sin poder salir de su área de trabajo, para entregar a tiempo el material correspondiente que integraría el documento final.
En épocas de presupuesto, trabajadores de las áreas de egresos son obligados a laborar, sábados, domingos y días festivos, por supuesto, gratis.
Sólo quienes trabajan en áreas de ingresos reciben un bono bimestral por concepto de “productividad”.
Sin embargo, el pago de ese bono se ha convertido en un jugosísimo negocio para los jefes de estas áreas.
Alegando que la productividad no fue la esperada, no existiendo por supuesto criterios concretos para medirla, estos auténticos capos del servicio público obligan a quienes reciben el bono, una vez que cobran el cheque correspondiente, a devolverles en efectivo parte de la suma total.
Los afectados no son siempre los mismos y se van seleccionando de manera aleatoria mes con mes.
Increíble, operan bajo la lógica de los grupos del crimen organizados dedicados a la extorsión y la venta de privilegios a cambio del pago de cuotas.
Lo peor es que, además de todo lo anterior, en esta dependencia, como en el resto de las áreas de la administración pública estatal, predomina un absoluto desprecio por la dignidad humana.
Los malos tratos, los insultos y las vejaciones son la constante.
Con el sello de la casa.
Y es que, estos pequeños dictadores, en sus respectivas y diminutas parcelas de poder, han seguido al pie de la letra el estilo y los modos que privan desde el nivel más alto de la administración pública estatal.
Un auténtico ejemplo de la más burda mimetización.
Con todo lo anterior, “a great place to work” existe sólo en la cabeza de quienes, por un tema de soberbia, no quieren ver la realidad que los rodea.
