“Así como la en la circunscripción territorial que se indica en los municipios de Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc”.
El documento quedó listo el 26 de septiembre de 2013, consta de 93 páginas y entre sus datos más relevantes destaca que la empresa que obtenga la concesión tendrá que pagar mil 400 millones de pesos más IVA (pág 23) por tener la concesión por 30 años el sistema operador (pág 34).
Además, la empresa beneficiada se obliga a invertir la cantidad de 3 mil 500 millones de pesos en los cinco primeros años de la concesión en generación de infraestructura y mantenimiento de la vigente (pág 40).
White & Case es, sin duda, la firma legal consentida del gobernador Moreno Valle, quien ha destinado cientos de millones de pesos en la contratación de sus servicios.
Además de la concesión del Soapap, se encargó del entramado legal de la concesión del Metrobús y de la elaboración de los contratos de las obras realizadas bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) como el Centro Integral de Servicios (CIS), las plataformas de la automotriz Audi en San José Chiapa, la construcción del Museo Internacional Barroco, la Estrella de Puebla, la construcción de la nueva sede de la Procuraduría de Justicia del Estado, el Teleférico y la concesión de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, recientemente retirada a la empresa constructora OSA, filial de Oceanografía.
En este último caso, el asesor de cabecera del dueño de la empresa que recibió la concesión fue contratado por el propio gobierno estatal para hacerle un entramado legal a modo y beneficiarla con el contrato.
¿Así o más grande el conflicto de intereses?
El columnista Darío Celis, en su columna Tiempo de Negocios publicada el día de ayer, daba a conocer los nexos de José Vicente Corta Fernández y White & Case con Amado Yáñez y Oceanografía:
“Corta era asesor financiero de Amado Yáñez. Representó a la subsidiaria OSA Goliath en la emisión del bono de 160 millones de dólares con vencimiento en el año 2018. El bono no está en default y paga una tasa de 12% de interés, cuya siguiente amortización está programada para mayo entrante”.
“Sus acreedores, fondos de Noruega, Holanda y Singapur que ya son representados por el abogado Alonso Rivera, tomaron en custodia el buque cuando Pemex inhabilitó a Oceanografía. Son los que no quisieron formar parte del comité de reestructura que recién crearon Pemex y el SAE”.
Y agrega Celis Estrada:
“Pero la asesoría de White & Case no se limitó a la operación de Goliath. Los pupilos de Corta también habrían intervenido en el refinanciamiento de un par de créditos del Rabobank, que dirige Manuel González, por 236 millones de euros para el arrendamiento de 10 barcos”.
“De igual forma se comenta que White & Case participaría en la reestructuración financiera de otra filial de Oceanografía llamada Servicios Marítimos Gosh. Esta entidad es socia de la compañía de Singapur PACC Offshore Services, con la que arrendaron seis embarcaciones más”.
El remate del columnista es demoledor:
“A todas luces se ve que White & Case conocía cada paso que daba Oceanografía. Incluso hay fuentes cercanas a la empresa de Amado Yáñez que aseguran que parte de sus ejecutivos y socios participaban en el consejo de administración. Se habla de Raúl Fernández-Briseño”.
Hasta aquí la cita.
Lo cierto es que, mientras en el gobierno del estado siguen haciendo todo lo posible por minimizar la relación existente entre el grupo gobernante y personajes del círculo más íntimo de Amado Yáñez, cada día aparecen más pruebas de que existe una cercanía entrañable, que huele a complicidad.
El clásico sigue teniendo razón : “Sólo sigue la ruta del dinero”.
