El tema no es nuevo; es más, se decidió prácticamente desde el mismísimo período de transición, cuando el equipo morenovallista analizaba los posibles focos rojos que en materia financiera enfrentaría como retos al inicio de la administración.
Bajo esta lógica, el actual gobierno estatal procedió a la contratación de personal condicionando al aspirante al cargo a firmar un contrato en donde se renuncia de manera “voluntaria” al legítimo derecho de recibir la seguridad social que presta el Instituto a los Trabajadores al Servicio del Estado.
Así como lo lee.
El contrato se firma por triplicado pero jamás se entrega la copia correspondiente al trabajador, lo cual es una aberrante violación a los derechos laborales más elementales.
A la par, para atender a los trabajadores ya afiliados al ISSSTEP, el gobierno estatal busca firmar un convenio de colaboración para que la cobertura de seguridad social la preste el Instituto Mexicano del Seguro Social y de esta forma se pueda proceder sin ningún problema a la extinción del Instituto.
¿Se imagina?
Como si tuviera pocos problemas de por sí el IMSS, ahora tendría que asumir una carga adicional de nuevos “afiliados”, con todo lo que esto implica.
Ni hablar.
La orden ya está dada y no habrá marcha atrás.
Al igual que con el HNP, los números pesarán más que el sentido social de las instituciones públicas que el morenovallismo pretende exterminar.
Todo lo que no sea “rentable” en materia económica, tiene sus días contados, sin importar las consecuencias.
Por cierto, en el caso del Hospital para el Niño Poblano, la orden es liquidar a los 800 trabajadores para eliminar su antigüedad laboral y recontratar a poco más de 600 para que laboren en los Servicios de Salud del estado.
El costo real de la maniobra de sanidad financiera: casi 200 personas que serán echadas a la calle.
