El cerebro de esta red de corrupción y ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, ha muerto, pero en coordinación con el constructor Juan Antonio Roca heredó una metodología criminal que fue operada para quienes sucesivamente llegaron al cargo.
Los bienes del empresario han sido confiscados y enfrenta una condena de 11 años de prisión.
La historia es muy similar a lo que ha sucedido en el municipio poblano de San Andrés Cholula, en donde en los últimos 18 años autoridades y empresarios han desarrollado un esquema casi idéntico, igualmente lucrativo, pero que en términos de la justicia disfruta de la más descarada impunidad.
El enriquecimiento a costa del erario ha sido ofensivo, lo que representa una burla para el sistema de justicia local y para los contribuyentes, involuntarios mecenas de políticos, servidores públicos y demás calaña.
Uno de los precursores de todo esto y así hay que reconocérselo fue Gregorio Morales Tepanecatl, alcalde en el período 96-99, quien supo aprovechar al máximo el boom de desarrollo que se venía para este municipio conurbado a la capital, pero que no le dio tiempo de explotar al cien por ciento
Morales Tepanecatl entendió que el negocio por la venta y expropiación de tierras, además de los oscuros procedimientos para otorgar “donaciones onerosas” a personajes cercanos al gobernador en turno, no eran de su competencia, que jamás le darían siquiera una “mochada” de lo que ahí se pactara, pero tuvo la capacidad de encontrar una auténtica mina de oro que, hasta la fecha, sigue generando.
Se trata de la expedición de licencias y permisos de construcción, además de los muy solicitados finiquitos de obra, documentos que no sólo se entregan de manera discrecional, sino que ya tienen un precio fijo pactado de antemano.
El esquema lo repitió a rajatabla cuando su cómplice y heredero político, Omar Coyopol, llegó al poder y lo convirtió en síndico municipal.
Conocedor de la estrategia y en una posición importantísima para maximizar las utilidades potenciales, esta serie de prácticas se convirtieron en una auténtica institución en el ejercicio de gobierno.
Como muestra un botón.
En el último año de su administración, Coyopol otorgó 14 licencias para la construcción de fraccionamientos incluyendo algunos que en su desarrollo violaban flagrantemente distintas normas y ordenamientos en la materia como la Ley de Fraccionamientos.
La estrategia consideraba también el llegar a acuerdos para autorizar que los dueños de los desarrollos evadieran diversas obligaciones legales como el pago de los impuestos correspondientes y la cesión al ayuntamiento de una menor cantidad de metros cuadrados para áreas verdes de los que considera el marco normativo correspondiente.
Ejemplos de esto son el fraccionamiento Lomas de Angelópolis de Gabriel Posada y el San Martinito, propiedad de Carmen Minutti, a quienes les fueron otorgadas concesiones y facilidades de manera unilateral a cambio de terrenos en sus propios fraccionamientos.
El jugoso negocio estuvo a punto de terminar cuando David Cuautli ganó las elecciones locales de 2007.
Durante la campaña rompió con Coyopol y al convertirse en presidente municipal parecía que iba a emprender una auténtica cacería de brujas en contra de su antecesor.
Inclusive, en varias declaraciones mediáticas, Cuautli calificó a Coyopol como un “corrupto” y prometió en su momento “ejercer cuanto antes acción penal en su contra”.
Algo que, por supuesto, jamás cumplió.
¿Qué pasó?
Dos cosas: primero, la intervención del PAN y después, la asimilación del millonario negocio que ahora tenía la oportunidad de manejar.
Los diferentes grupos de panistas sanandreseños dejaron a un lado sus diferencias y cerraron filas en torno a la candidatura de Miguel Ángel Huepa.
Hoy, herederos de los liderazgos de los grupos políticos de quienes fueron alcaldes han sido integrados al gobierno y tienen participación en el jugoso negocio.
Huepa siguió al pie de la letra con lo anterior.
A la fecha existen más de 200 fraccionamientos que operan de manera autónoma y que satisfacen sus necesidades específicas de servicios y seguridad a través del cobro de cuotas a quienes ahí viven, por lo que el ayuntamiento casi no tiene que invertir nada en ellos.
Por cierto, vía el cobro de licencias y permisos, además del impuesto predial, San Andrés obtiene más recursos de lo que le tocan por concepto de Ramo 33.
El próximo nuevo capo, Leoncio Paisano, ya se frota las manos y se declara listo para darle continuidad al negocio.
Como puede ver, lejos de enfrentar algún problema legal, los ex alcaldes sanandreseños han resuelto ya su vida y las de tres generaciones posteriores elevando a rango constitucional la apestosa corrupción.
Y la mata seguirá dando, ya lo verá.
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