Con 28 votos a favor (incluidos dos priistas) y nueve en contra, se aprobó la reforma a la Ley del Agua con lo que el Congreso del Estado pierde la facultad de regular las tarifas del servicio de agua potable y convierte en créditos fiscales las deudas.
De los 13 diputados que integran la fracción parlamentaria del PRI, nueve votaron en contra de la iniciativa del Ejecutivo, en tanto que Juan Manuel Jiménez García y Ramón Felipe López Campos, votaron a favor, mientras que Zenorina González y Elvia Suárez no acudieron a la sesión pero su voto se sumó a favor de acuerdo al reglamento legislativo.
El propio Juan Manuel Jiménez argumentó que su voto fue razonado y que de ninguna forma implica que no exista unidad en el PRI, “nosotros somos independientes, tenemos criterio y en función de ello, el planteamiento que hace mi partido tiene sus razones, yo tengo las mías y somos respetuosos y cuando tù ves que le va a ir a Puebla tienes que aprovecharlo y tienes que votar a favor”.
Y es que previo a la sesión extraordinaria en la que el Congreso aprobó la iniciativa, el dirigente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo, acompañado de legisladores del tricolor, aseguró que el voto de la bancada sería en contra de la medida e incluso advirtió que acudirán hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir que se lleven a cabo estos cambios.
Apuntó que el tema de la Ley del Agua no se puede avalar dado que significa el quitar facultades al Congreso del Estado para regular las tarifas en materia del servicio de agua potable, anticipando con ello una concesión “a modo de un particular” y en detrimento de los usuarios, que no sólo estarán sujetos a posibles incrementos desmesurados de cuotas sino que además correrán riesgos legales en caso de no pagar pues las deudas en este tenor se considerarán créditos fiscales.
Por ello manifestó que “más allá de la inconstitucionalidad que tener esta modificación que se pretende hacer de la ley y que atenta contra los derechos de los poblanos nos parece que es una inmoralidad, nos parece que está fuera de toda lógica querer privatizar y comercializar un servicio público como es el agua que tiene que ser dotado a todos. Por supuesto que estaríamos llevando hasta las últimas consecuencia jurídicas la decisión”.
En respuesta, el coordinador de la fracción parlemantaria del PAN y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Mario Riestra Piña, minimizó la amenaza priista porque no existe materia para que proceda un recurso ante la SCJN.
“Aunque ellos están en su derecho me parece que difícilmente prosperaría, no encontramos elementos suficientes para que esto pudiera ser avalado por otras instancias; el presidente del PRI ha señalado varias cosas y algunas de ellas no han prosperado ni un par de horas”, dijo.
La sesión
Los panistas no hicieron uso de la tribuna para defender la iniciativa pues a decir de Jesús Zaldivar, el tema ya estaba discutido en comisiones. Fueron los integrantes de la izquierda en el Congreso local quienes dieron la cara en este tema.
El primero en hacer uso de la tribuna para defender el proyecto fue eldiputado y dirigente del PRD en el Estado, Eric Cotoñeto, quien aseguró que Puebla se encuentra por debajo del promedio nacional en materia de agua potable lo cual atribuyó a una administración ineficiente de gobiernos anteriores que permitieron endeudamiento excesivo en el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarilla del municipio de Puebla (SOAPAP).
Indicó que a pesar de que este gobierno ha logrado reducir los pasivos la deuda sigue siendo insostenible por lo que se requiere una concesión que establezca los requisitos mínimos que deben regular la participación pública y privada, “no pretende privatizar el agua”, aseguró.
Por su parte el diputado del Partido del Trabajo, Félix Santos Bacilio, aseguró que la iniciativa del Ejecutivo lleva a la factibilidad de concesión del servicio “pero lo que no se va a dejar pasar es la privatización del agua”, sostuvo.
A ellos se sumó el diputado de Nueva Alianza, Héctor Alonso Granados, quien indicó que su apoyo a la iniciativa se debía a que si bien con ello la prestación se concesiona el gobierno seguirá siendo el rector del servicio.
Resaltó que es urgente dar un golpe de timón pues en 26 años creció la ineficiencia, el mal trato al usuario y la corrupción en el SOAPAP.
En la defensa priista Lauro Sánchez indicó que en la reforma aprobada en diciembre se dieron facultades para que el organismo operador de agua pudiera concesionar algunos servicios para responder con mayor eficiencia, mejorar las fuentes de abasto, recuperar cartera vencida, y mejorara el servicio; lo cual no ha sucedido.
“A 9 meses de la reforma el titular del SOAPAP plantea que no fue suficiente; llega con un diagnóstico catastrófico. La concesión total o la privatización del servicio no es el único camino que se tiene para garantizar agua potable a la ciudadanía (…) concesionar total o parcialmente el servicio como plantea la reforma llevaría a otros problemas como la sobreexplotación no sustentable de fuentes de abasto, pérdida de control de las tarifas, y carestía donde los usuarios no tendrían posibilidad de pagar el servicio”.
El personal del organismo es otro problema así como saber quién cobrará la cartera vencida, cuántos ciudadanos se tendrían embargados o encarcelados para pagar los créditos fiscales “lo que se demanda ahora son resultados, no salidas improcedentes”, dijo.
Finalmente el diputado del PRI, Gerardo Mejía, destacó que lo más preocupante es que se elimina la posibilidad de que a través de un decreto los diputados intervengan en temas tarifarios para el servicio del agua potable de forma que la empresa a la que seconcesione el servicio podrá poner la tarifa de agua que quiera.
