Sobra decir que el entonces titular de la dependencia, Darío Carmona, fue el autor intelectual de la monumental fechoría.
Sí, el Carmona que el actual régimen juró ajustarle cuentas y que hoy no sólo goza de cabal salud política, sino que se da el lujo de imponer a sus incondicionales en áreas estratégicas del gobierno.
A finales de 2010, ya con el gobierno estatal perdido para el marinismo, la Secretaría de Hacienda autorizó una partida presupuestal para Puebla, con el objetivo de contratar a 850 docentes y de esta manera cubrir un importante déficit de maestros que se tiene todavía en el sistema educativo poblano.
El dinero llegó a las arcas de la secretaría, pero jamás se ocupó para las tan necesarias contrataciones de docentes.
Y es que, por órdenes del propio Darío Carmona, a través de Muñoz Carballeda, utilizando el Departamento de Recursos Humanos y Personal a cargo de Alfonso Valles Ramos, se bloqueó este proceso.
A la par, el entonces director de Planeación y Programación Presupuestales de la SEP, Felipe de Jesús Mijangos Cabrera, recibió la instrucción de elaborar de inmediato toda la documentación requerida por el gobierno federal para proceder a la supuesta devolución del dinero autorizado y que no se ejerció.
Sin embargo, los oficios nunca fueron recibidos por el gobierno federal.
Cada quincena, desde la Secretaría de Finanzas, se sacaban los cheques correspondientes a sueldos de 850 maestros que jamás fueron contratados, por lo menos no de manera oficial.
Se utilizaron a docentes eventuales con salarios menores a los registrados para aparentar que se estaba cubriendo el déficit de maestros y que se estaba haciendo un buen uso de los recursos federales entregados para este fin.
Se permitió que docentes de diferentes niveles, que ya contaban con plaza, pudieran “dobletear” y trabajar horas extras para ganarse un dinero extra.
Como “oficialmente” se tenían autorizadas presupuestalmente las 850 contrataciones, se detonó un auténtico furor por la venta de plazas.
Con la complicidad de los sindicatos de docentes, estas se ofertaron entre 120 mil y 200 mil pesos, con la promesa de que serían aprobadas de inmediato y sin ningún problema.
Las altas de docentes producto de la venta de plazas fueron autorizadas por el hoy morenovallista José Antonio Muñoz Carballeda y por Valles Ramos.
A través del área de nóminas se llevaba el control de las horas laboradas por los docentes para la emisión de pagos de quienes se encontraban comisionados en el sindicato, eran interinos o disponían de permisos especiales y el tiempo asignado a cada maestro en cada una de las escuelas en las que laboraba.
El manejo de las bitácoras laborales se llevó con total hermetismo y en la absoluta opacidad.
Semanas antes de concluir el sexenio, Dario Carmona ordenó el cierre de plazas y se giró la instrucción de que no habría altas hasta que lo autorizara el nuevo gobierno.
Sin embargo, la cancelación oficial de las 850 plazas ante el gobierno federal nunca se realizó.
¿Cómo la ve?
Auténtica alquimia presupuestal.
Estas prácticas, fustigadas y repudiadas al inicio de la actual administración y que fueron en su momento utilizadas como bandera de campaña en el 2010, regresaron por sus fueros y amenazan con sentar sus reales en esta Puebla moderna que en el papel, únicamente en el papel repudia todo lo que recuerde a Mario Marín.
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