Llegan los dos primeros años del actual gobierno estatal en los que más allá de la danza de cifras que se presentarán en su informe – así como de las obras realizadas – el primer tercio de la administración concluye con reformas de ley a modo y personajes colocados a conveniencia en áreas estratégicas para el posicionamiento del grupo morenovallista en el IEE, en el TEEP, en la auditoría superior del Estado – antes ORFISE – en juzgados, ministerios públicos, entre otros.
En los intereses del gobernador el paso próximo es la operación interna en el PAN para la elección constitucional de este año, para ello ya se perfila un nuevo triunfo tras una previa negociación del mandatario con la dirigencia nacional del albiazul para lograr una coalición electoral y para que se impongan candidatos afines al mandatario en la contienda por los gobiernos municipales.
De acuerdo con fuentes del morenovallismo y del panismo duro, la candidatura a la alcaldía de Puebla se definirá por una encuesta en la que se medirá a cuatro aspirantes: el secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fayad; el secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui así como el secretario de Economía, Competitividad y Desarrollo Económico, Pablo Rodríguez Regordosa y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Rodríguez Álvarez. El método favorece a los morenovallistas que ha n tenido una amplia exposición mediática y de operación con el respaldo del mandatario.
La operación
En dos años el ejecutivo ha efectuado una operación sui géneris en la que las negociaciones políticas han inclinado la balanza a su favor en gran medida porque los acuerdos no se operan en Puebla sino a nivel nacional con las cúpulas partidistas que han dictado “la línea” a seguir, no sólo en el PAN, sino incluso en el PRI.
En el caso del tricolor la mayor muestra de ello fue el caso de la reforma electoral que fue apoyada por los diputados del PRI quienes en principio se oponían a los tiempos en los que el ejecutivo pretendía que entraran en vigencia los cambios de ley. El revolucionario institucional buscaba retrasar los tiempos y evitar el tener un gobernador que estuviera en el poder sólo un año 8 meses pero al final avaló los cambios.
El drástico giro en la postura partidista se dio el 26 de julio de 2011, un día después de que tuvo lugar un encuentro el en el Distrito Federal entre el mandatario Rafael Moreno Valle y el entonces dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira.
En el caso del PAN, las negociaciones han sido más discretas pero de igual forma se manejan de manera directa con el dirigente nacional del partido Gustavo Madero. Diversos grupos de panistas – que por estatutos del partido no pueden declararlo públicamente- aseguran que el debilitamiento del grupo “el yunque” en Puebla, en gran medida se debe a que los panistas ortodoxos locales no han encontrado respaldo de la dirigencia nacional.
Es prácticamente un hecho que a partir de esta negociación, se cumplirá el deseo del gobernador de que la elección de candidatos del PAN se lleve a cabo a través de encuestas pero con el veto anticipado a la que hasta ahora es la panista mejor posicionada entre la militancia: Ana Teresa Aranda.
Desde el mes de agosto así lo había planteado el ejecutivo, incluso antes de que fuera más palpable la ruptura entre panistas poblanos por el albazo legislativo del 3 de septiembre que se hizo en contra de los panistas de cepa y que tras una aparente mesa de negociación terminó por sacar del poder al entonces dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana.
El gobernador exigió que se midiera las preferencias en encuestas, pero la mejor posicionada era su principal detractora Ana Teresa Aranda, ante lo cual el ejecutivo sentenció que tenía derecho de veto y que prohibía la participación de “la doña”. Tal postura fue ratificada en la mesa tripartita que se conformó en la citada mesa de acuerdos conformada por Maximiliano Cortazar y Juan Molinar Horcasitas – por parte de la dirigencia nacional-, el gobernador Rafael Moreno Valle, el senador Javier Lozano Alarcón, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, y el exdirigente Juan Carlos Mondragón.
Dicha mesa es considerada por los exintegrantes del Consejo Estatal como una simulación pues aunque los panistas poblanos confiaban en ser apoyados por la dirigencia nacional, sólo encontraban instrucciones de avalar las propuestas del gobernador; al final no había discusión, se escuchaban posturas pero las decisiones previamente estaban tomadas pues días antes de los encuentros había reuniones entre Moreno Valle y Gustavo Madero.
La salida de Juan Carlos Mondragón, la llegada de Rafael Micalco Méndez (gente cercana al mandatario) como su sucesor y el reciente arribo de Juan Molinar Horcasitas al proceso interno del PAN para la elección de candidatos este año , confirman que el grupo favorecido es el del gobernador.
Aunque no se ha hecho público, como se mencionó, en estas negociaciones también es un hecho que el proceso de selección sea a través de encuestas lo que dejaría fuera de la contienda al actual dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Francisco Rodríguez Álvarez quien se anticipaba como el candidato de “el Yunque” para buscar la alcaldía de Puebla y cuyo grupo confiaba en que en la precampaña y la campaña pudiera mejorar su posicionamiento.
Pero el proyecto del mandatario no se sujeta sólo a la operación de partidos, previamente desde su llegada al poder se realizó la operación en modificaciones de ley y en la ubicación de personajes que desde diferentes trincheras apoyarán al mismo grupo.
Los cambios de ley
La mayor parte de modificaciones de ley aprobadas en el poder legislativo han sido iniciativas del gobernador, sin embargo tres son las más significativas para los intereses del grupo en el poder: la reforma electoral, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de Puebla y la ley de presupuesto y contabilidad.
La ley electoral permitió establecer los tiempos para la realización de las futuras elecciones para homologarlas con las federales, previéndose que el hoy gobernador busque contender por la silla presidencial en 2018, contando así con la operación del gobernador interino que resulte afín a sus intereses.
La modificación que tuvo, a pesar de ser inconstitucional, permitió garantizar el que no tuviera continuidad Juan Carlos Mondragón como dirigente del PAN para este proceso electoral.
Amén de ello se logró una redistritación que debilitara los bastiones priistas y permitiera una logística distinta para la ejecución de comicios.
En el caso de la ley de presupuesto y contabilidad, se consiguió libertad para que el ejecutivo contraiga deuda de manera discrecional so pretexto de la necesidad de contar con libertad en el manejo financiero para la llegada de la empresa AUDI.
En el caso de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de Puebla, se dotó de un mayor tiempo de estadía al frente de la Auditoría Superior del Estado al actual titular David Lomeli, quien ha sido identificado como gente cercana al jefe del ejecutivo por lo que se presume que el mandatario estará blindado para la revisión de sus cuentas públicas.
A la par se colocaron a otros personajes “cómodos” para el gobierno en otros lugares estratégicos.
En el Instituto Electoral del Estado (IEE) la renovación favoreció al grupo del ejecutivo con siete de las nueve posiciones, principalmente Víctor Cánovas, Armando Guerrero y Gustavo Garmendia.
En el caso de la renovación del Tribunal Electoral del Estado (TEEP) dos de los tres magistrados son gente del gobernador: Ricardo Rodríguez y Javier de Unanu.
Incluso en organismos como la CAIP se impuso el grupo morenovallista con la llegada de Federico González Magaña.
