Al menos en comisiones y por unanimidad, diputados locales lograron establecer garantías para esclarecer la venta de los Montes de Piedad a Prendamex y detener la venta de inmuebles para obligar a abrir un fideicomiso que garantice la asistencia social, asimismo pidieron garantías para la liquidación al cien por ciento de los empleados que resulten afectados por la operación.
“Modificamos el dictamen para que los 83 millones, producto de la venta de los Montes de Piedad que no incluyen ningún inmueble; se destine a un fideicomiso para que los recusos se destinen a la asistencia social.
Eliminamos el transitorio sexto que pretendía la venta de los activos fijos, los inmuebles, por lo tanto, no está autorizada alguna venta de inmubles del Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla (IAPEP) y esas propiedades pasan al gobierno del Estado”, explicó el diputado de Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres.
Por su parte, tras un encuentro con diputados, empleados de los Montes de Piedad y del IAPEP amenazaron con dar y promover voto de castigo al PAN por el incumplimiento de promesas del gobernador.
“Nos están obligando a firmar un finiquito, que no es una liquidación, y lo que nos están dando no se apega ni a la mitad de lo que nos corresponde pues hay quien tiene más de 10 años trabajando en el Monte de Piedad (…) es una injusticia lo que cometen con nosotros, estamos peor que antes y el próximo año que hay elecciones van a ver nuestra inconformidad, daremos voto de castigo al PAN”.
Explicaron que fueron despedidos 168 empleados sindicalizados y de confianza y más de la mitad ya aceptó el finiquito “en abonos” porque son de fuera y no pueden permanecer en la capiral, por eso solo 80 despedidos siguen en la lucha pugnando por la liquidación total.
Denunciaron además que están siendo acusados de robo pues cuando los pignorantes se acercan con boleta de empeño en mano para recuperar sus alhajas se les informa que ya no están en existencia “porque se las robaron los ex empleados”.
Durante una visita a las instalaciones del Poder Legislativo el director del IAPEP, Ernesto Pineda Sandoval, evadió ofrecer una explicación y para ello fue sacado a empujones por la directora administrativa del organismo, Karla de la Torre Oropeza.
Atorón legislativo
La propuesta del gobernador para reformar la administración pública y fusionar la Secretaría de Desarrollo Rural con la de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial está atorada en la Comisión de Gobernación por la inconformidad de diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano pues lo consideran un golpe al sector rural, pero además, por la poca información respecto al ahorro que generará la reingeniería administrativa ya que sólo se les ofreció una estimación que ronda los 14 millones de pesos, que constrata con los 70 millones anunciados la semana pasada por el gobernador, lo que motivó un receso para retomar hoy el tema.
El tema que si aprobó por mayoría, pero con el voto en contra del presidente Juan Carlos Espina, fue un tercer parche a la reforma electoral que espera aún el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la acción de incostitucionalidad que presentó la dirigente nacional del PAN.
Fracaso sindical
El líder sindical Héctor Posadas aseguró que no se vendió al gobernador Rafael Moreno Valle, y que no dejarán que cesen a siete empleados de finanzas por actas administrativas injustificadas ya que es una manera de sacar a personal de base con otros mecanismos.
Consideró que el gobernador no se adueñará del sindicato con el manejo directo de plazas, ya que acordaron que asignarán una por parte del gobierno y otra por el sindicato.
En tanto Abelardo Cuellar, asesor legal del sindicato de burócratas consideró que si existe posibilidad de ganar un amparo federal en contra de la pérdida de transferencia de plazas, debido a que se están vulnerando derechos laborales.
Señaló que el próximo lunes se sentará con los delegados sindicales y con el líder Héctor Posadas para decidir los pormenores de la acción legal, debido a que el congreso local no puede fallar en contra de logros sindicales ganados con los años. (Con información de Mónica Franco)
