Su objetivo central es homologar entre entidades públicas los criterios generales para registrar y analizar los movimientos de recursos a través de la creación de un solo formato de emisión de información financiera.
Es decir, a partir de la próxima administración se eliminará la ambigüedad en materia de origen y destino de los recursos públicos entre niveles de gobierno, lo que tendrá como lógica consecuencia el hecho de que la Federación y los estados hablen por fin el mismo idioma en la materia.
Lo anterior supone un cambio radical en las reglas del juego.
Se acabaron aquellos usos y costumbres tan socorridos hasta ahora, en donde a través de una serie de mecanismos compensatorios, los estados podían destinar recursos para operar programas federales, a pesar de que estos no llegaran formalmente a las arcas públicas locales.
Los encargados de las finanzas estatales tenían la facultad de tomar dinero de otras “bolsas”, mientras la siempre complicada y obesa burocracia federal liberaba el dinero correspondiente a las distintas partidas presupuestales y después descontarlo de una serie de obligaciones que tienen los estados para justificar que efectivamente utilizaron los recursos para los fines para los que fueron asignados.
En este contexto, se volvieron clásicas las reuniones entre autoridades estatales y federales para analizar cómo empataban sus respectivas “deudas” y la manera de encuadrar los números a los distintos acuerdos que en materia fiscal y presupuestal celebraban.
Ya no más.
Estos mecanismos de transparencia y uniformidad de los formatos en donde se reflejan los movimientos financieros de las entidades obligarán a gastar sólo los recursos que se tengan ya disponibles y su destino será sujeto a ser auditado de manera inmediata por las instancias competentes a través del uso de tecnología de punta en la materia.
Gastar sólo lo que se tiene y destinar ese gasto a programas sujetos a ese financiamiento que sean congruentes con el origen de los recursos que se presupuestaron para su operación.
Si bien la mayoría de quienes integran el círculo más cercano de Moreno Valle tiene experiencia probada en el tema del manejo de las finanzas públicas estatales y las estrategias para justificar el gasto y operación de recursos de origen federal, el cambio en las reglas del juego supondrá un reto adicional para el secretario Moya.
Tendrán que ser no sólo honestos y transparentes en el manejo de los recursos del erario, tal y como lo han prometido hasta el cansancio en el discurso, sino que será necesario que, a partir de ahora desempeñen su responsabilidad con una eficiencia atípica en el servicio público estatal.
En estos casi dos años de gobierno, los poblanos se han acostumbrado a un enorme gasto en importantes proyectos de obra pública y generación de infraestructura, con el millonario gasto que esto supone.
Mantener esta dinámica sujetando el gasto sólo al dinero contemplado en el presupuesto estatal es imposible.
Para el resto del sexenio, las expectativas ciudadanas crecerán, por lo que el gobierno estatal tendrá que ser muy creativo para darle forma a esquemas alternativos de generación de recursos que les permitan financiar la obra pública por venir.
En este contexto, se entiende el cada vez más intenso acercamiento que ha tenido el gobernador con los empresarios de mayor importancia en el sector de la construcción en el país para involucrarlos en modelos de negocios que por lo menos en el papel lucen muy rentables para ambas partes.
Figuras como la bursatilización de carreteras y los famosos PPS, se ensayarán hasta la saciedad en lo que resta de la administración de Moreno Valle.
No tienen de otra.
Ya lo verá.
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