Este martes se interpuso una demanda en contra de dos periodistas por, supuestamente, “abusar de la libertad de expresión en perjuicio del honor del Gobierno a través de la humillación de funcionarios públicos” (sic), según se indica en el comunicado oficial.
En febrero de 2011, la primera iniciativa de ley de la actual administración estatal fue reformar el Código Civil del Estado de Puebla, para derogar la pena corporal (cárcel) por los delitos de difamación y calumnia, y se impone ahora una multa de hasta tres mil salarios mínimos (poco más de 170 mil pesos), además de los costes judiciales y del proceso, para quienes afecten a los funcionarios con sus publicaciones.
En su momento la iniciativa establecía que la multa estaba a criterio del juez, además incluía que si se afectaban los “sentimientos” de la persona podía demandarse.
A partir de un desplegado firmado por varios periodistas y la protesta ante el Congreso, llevó a los diputados a reconsiderar y optaron por fijar un tope a la sanción económica y eliminaron el concepto de “sentimientos” por ser ambiguo, siendo aprobada la reforma por el pleno en el Congreso de Puebla en marzo de 2011.
Bautizada como “la rafamordaza”; la ley fue calificada por expertos en libertad de expresión como una forma de inhibir la crítica en los medios de comunicación en Puebla en contra de funcionarios y de autoridades en general.
Así, a poco más de un año seis meses de estar en vigor dicha ley, ahora se recurre a ella para presionar más a los medios poblanos con tal de frenar cualquier crítica o señalamiento a los funcionarios y acciones gubernamentales.
Tal parece que se pretende la existencia de una sociedad sin contrapesos, sin acrítica, una sociedad uniforme.
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