La diputada presidenta de la Comisión de Transparencia en el Congreso local, Josefina Buxadé Castelán, defendió al gobernador de la opacidad de la que se le acusa en la materia al advertir que antes de criticar la administración de Rafael Moreno Valle, primero se debería cuestionar el incumplimiento de los nuevos sujetos obligados como partidos políticos, ayuntamientos y el propio Poder Legislativo.
La también académica adscrita a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional reaccionó así al contenido de la columna Templo Mayor del diario Reforma que este lunes difundió que organismos civiles, grupos empresariales y estudiosos del derecho a la información afirman que desde que Moreno Valle asumió el cargo la rendición de cuentas anda a oscuras.
“Dicen que son varias las trabas que se le han puesto a la Comisión de Transparencia como la promulgación de normas paralelas que inhiben el derecho a saber, el aumento de chamba aparejado al bajón presupuestal y, en algunos casos, presiones directas contra los comisionados”.
Cuestionada al respecto Buxadé Castelán argumentó “Yo creo que no hay opacidad. Otra vez están volcando todo contra el Ejecutivo, cuando primero hay que ver cómo están cumpliendo los ayuntamientos, los partidos políticos y hasta el propio el Congreso con la nueva Ley de Transparencia.
De verdad el gobierno, yo lo sé porque autorita estoy trabajando una ley en la Contraloría; me consta que hace un gran esfuerzo por contestar adecuadamente la mayoría de las solicitudes así que es necesario hacer una valoración más justa”, subrayó.
Respecto a la presunta presión que reciben los integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) por parte del mandatario estatal, la legisladora reveló que como presidenta de la Comisión de Transparencia no tiene buena comunicación con los propios comisionados, por lo tanto, desconce la veracidad del dato.
“Sobre el tema no puedo decir absolutamente nada, de hecho, tengo muy reducida la comunicación con la CAIP”.
En cuanto al aumento de trabajo justicó la situación al recordar que hasta el 31 de diciembre de 2011 la Comisión tenía competencia únicamente sobre el Poder Ejecutivo y sus 84 sujetos obligados, pero con la publicación de la nueva ley de transparencia, la CAIP pasó de 84 a 337 sujetos obligados, teniendo ya competencia sobre el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los tribunales administrativos, los 217 municipios del estado con sus dependencias y entidades, los órganos constitucional o legalmente autónomos, y los partidos políticos.
“Con respecto al aumento de chamba pues en eso nada tiene que ver el Ejecutivo, simplemente se ampliaron las comisiones de la CAIP y por eso se peleó desde hace muchos años, así que obviamente es más trabajo.”
En la parte de la reducción de presupuesto que se presume en Templo Mayor Buxadé Castelán corrigió la apreciación al recordar que para este año quedó con el mismo monto del 2011, es decir 11 millones de pesos, aunque reconoció que es insuficiente.
Cabe recodar que el inesperado monto obligó a la Comisión de Acceso a la Información Pública a reducir entre el 1.6 y 1.9 por ciento el salario de sus 23 trabajadores dejando a la presidenta de la Comisión una percepción mensual neta de 62 mil pesos mensuales; cerca de 9 veces más que los trabajadores que en promedio perciben 7 mil 500 pesos; en tanto, los otros dos comisionados Samuel Rangel y Javier Fregoso perciben una remuneración mensual de 40 mil pesos, cada uno.
Twitter: @arish23
