La Comisión Inspectora del Congreso del Estado inició procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades contra Antonio Hernández y Genis y Ricardo Villa Issa por el daño partrimonial que causaron cuando estuvieron al frente del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla (Conalep) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep), respectivamente.
Con la misma vara midieron a los ex directores de los tecnológicos de Acatlán, Serdán y Huauchinango; así como al de la Universidad Tecnológica de Izucar de Matamoros y de la Operadora Estatal del Aeropuerto; las saciones también se aplicaron a los ex presidentes municipales de Tlatlauquitepec, Tenanpulco y Vicente Guerrero, este último administrado por el panista Joaquín Cabrera Rojas a quien se le observaron 93 millones 112 mil pesos.
Al respecto el presidente de la Comisión Inspectora, Mario Riestra Piña, detalló que Antonio Hernández y Genis tuvo deficiencias administrativas por 8 millones de pesos y un daño patrimonial de 13 millones 644 mil, dando un total de 21 millones de pesos.
Entre las observaciones más destadas refirió que no comprobó el saldo final de ingresos propios, incumplió con la información del pliego de observaciones, mostro incongruencia de saldos en las cédulas de observaciones; así como bienes inmuebles no registrados e inventariados (13 millones de pesos, sólo por ese rubro), por mencionar algunos.
En el caso Ricardo Villa Issa, solo del periodo del 17 al 31 marzo de 2010, se detectó un daño patrimonial de 1 millón 300 mil pesos y una deficiencia administrativa de 25 millones, que da un total de 26 millones 890 mil pesos.
Las observaciones para establecer daño patrimonial se basaron en la ausencia de documentación comprobatoria; de acuerdos con los que se autorizaron compras y contrataciones; nombres de proveedores y prestadores de servicios y la duración de contratos.
Respecto a las deficiencias administrativas es que no hubo bases del concurso de licitación, actas de apertura técnica, fianza de vicios ocultos, reportes de supervisión de obra y reporte fotográfico.
Sobre la Operadora Estatal del Aeropuerto, del periodo del 1 enero al 8 de marzo 2010 cuyo titular fue Fernando Ramírez Elizalde, se detectó un daño patrimonial de 2 millones 263 mil pesos y deficiencias administrativas de 13 millones 41 mil pesos, es decir un total de 15 millones 304 mil pesos.
En el caso de los ayuntamientos por el periodo 2010, Riestra Piña explicó que Tlatlauquitepec, a cargo del priista Macario Vázquez Báez, tuvo una deficiencia administrativa por 5 millones 183 mil y daño patrimonial de 36 millones 143 mil, con un total observado de 41 millones 326 mil pesos.
El municipio de Tenanpulco, administrado también por el priísta Menos Díaz Mora, tuvo un daño patrimonial de 320 mil pesos.
Vicente Guerrero, en el periodo que gobernó el panista Joaquín Cabrera Rojas, recibió observaciones de daño patrimonial por 75 millones 128 mil, de deficiencia administrativas por 17 millones 983 mil, para un total 93 millones 112 mil,
Al Instituto Tecnológico Acatlán de Osorio se le encontraron faltas por 6 millones 104 mil pesos. Al Instituto Tecnológico Superior Ciudad Serdán, deficiencias administrativas por un millón 890 mil y daño patrimonial por 321 mil pesos para un total de 2 millones 212 mil.
El Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango tuvo deficiencias administrativas por 39 millones 740 mil pesos y un daño patrimonial por 30 millones 944 mil para un total de 70 millones 684 mil pesos observados mientras que la Universidad Tecnológica de Izucar de Matamoros fue sancionada por no explicar la aplicación de un millón 350 mil pesos.
El dictamen será puesto a consideración del pleno de dipuatdos este jueves durante la penúltima sesión del segundo periodo ordinario de labores.
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