Por fin hace unos días fue cumplimentado el procedimiento legislativo que expide esta nueva Ley General.
Sin duda representa un acto de justicia, que da cumplimiento a las normas mínimas internacionales en esta materia, que México, hasta antes de esta Ley, no cumplía tal y como en su momento fue señalado en el Informe del Departamento de Estado de la Unión Americana “Trata de Personas 2011”.
La Trata de Personas, es un atentado a la libertad y dignidad de las personas que se prolonga en el tiempo y lucra con voluntades y vidas ajenas, que mediante el abuso y la tortura, degrada a sus víctimas de la condición humana.
En lo individual, tiene un impacto devastador sobre las y los afectados, y en lo social perjudica al bienestar de las familias, de las comunidades y la seguridad de los países que la padecen.
La Trata de personas, es un delito transnacional y vinculado a la delincuencia organizada, considerada el tercer negocio ilícito más lucrativo de mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que cada año 1.2 millones de niños son víctimas de este flagelo y, cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al menos 27 millones de personas en todo el mundo han sido víctimas de explotación laboral, sexual o comercial en los últimos 25 años.
Por la ubicación geográfica de México, su historia, su cultura y sus condiciones económicas y sociales de profunda desigualdad, ha sido país de origen, tránsito y destino de migrantes, víctimas propicias de tráfico o de trata de persona y algunas cifras revelan que en México hay 16 mil niñas y niños víctimas de este flagelo.
De ahí la importancia de esta Ley General, que será aplicada en todo el territorio nacional en materia del Fuero Federal, y, que tiene como antecedente una reforma al Código Penal Federal y el de
Procedimientos en la misma materia, del año 2007 que tipificaba la trata de personas como delito, y que permitió la aprobación de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, pero, que dificultaba la determinación de las conductas y con ello obstruía la capacidad de estado para identificar víctimas y para brindarles atención, sin embargo también, su visión fue un gran paso, ya que independientemente de la persecución del delito y el castigo al delincuente, permitió colocar en el centro de la ley, la salvaguarda de los derechos de las víctimas, sin duda, por ello, un primer avance en la legislación en esta materia.
Hace unos días se abroga la legislación hasta entonces vigente y se da paso la Nueva Ley General para prevenir, combatir y sancionar la Trata de Personas, que tipifica delitos de esclavitud, sometimiento a servidumbre, trabajo forzado, corrupción de menores, pornografía infantil y explotación sexual, entre otros, imponiendo penas de prisión entre 15 y 30 años para el delito de esclavitud, pornografía infantil y la explotación sexual de mujeres y niños.
Además, penas hasta de 40 años de prisión a los padres o tutores que entreguen o consientan que sus hijos sean explotados sexualmente. Misma pena que se aplicará a quienes incurran en explotación sexual de su pareja, al aprovechar la relación matrimonial o de concubinato, así como a quienes alquilen los servicios de una víctima de trata de personas.
Con ello se avanza para hacer visible, un delito invisible, que permite a los delincuentes que la practican operar en la impunidad, con ello también, se tendrán que generar los apoyos financieros y técnicos, y, ahora sí elaborar el Diagnóstico Nacional sobre Trata de Personas para el establecimiento de políticas públicas, que incluyan la sensibilización y capacitación de los servidores públicos que se encargan de su aplicación.
Pero, también para que todos/as nos involucremos para construir un gran compromiso social para denunciar esta terrible práctica!
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