Todas las niñas y los niños tienen derecho a ser protegidos y en México es una obligación constitucional garantizarlo.
Así está instituido y así lo expresan diversos actores, de manera reiterada cuando al tema se refieren. Y así debería ser.
Pero recordemos algunos datos de CONEVAL, que pintan de cuerpo entero cuál es la situación de niñas, niños y adolescentes en México: de los 23 millones de niños, niñas y adolescentes (entre 0 y 18 años) el 59.5% vive en situación de pobreza patrimonial y el 25.5% vive en situación de pobreza alimentaria; sabemos también, que aún permanecen 1.2 millones de niños y niñas entre 5 y 14 años fuera de la escuela y que la deserción en la educación secundaria y media superior sigue siendo un gran reto (1 de cada 4 jóvenes no concluye su educación media-superior).
En contra parte se ha logrado reducir la mortalidad infantil, lo que requiere una continuidad en las políticas de salud, vinculadas necesariamente a la educación y salud de las mujeres, ya que en los 100 municipios con los índices de desarrollo humano más bajo, se estima una mortalidad materna de 2.7 veces más alta que el promedio nacional.
Un reto más es que México está considerado como el tercer país del continente americano con un mayor número de población con VIH/Sida y entre 1983-2008, 124,505 casos corresponden a menores de 15 años y se deben a transmisión vertical, de la madre al bebé.
Lo anterior son solo algunos rubros, de toda una serie de desigualdades que varían dependiendo del área geográfica del país y representan un gran reto para avanzar y cumplir con esa garantía constitucional de protección a niñas, niños y adolescentes. Ahora un reto más, se ha sumado a los anteriores.
La otra cara en México, hoy, lo es también, el que niñas, niños y adolescentes, están siendo afectados en el escenario de violencia que se vive.
Cómo pueden ser protegidos estos niños, niñas y adolescentes, cuando en su presencia su integridad física está en riesgo; y, qué decir de todos aquellos que por diversas razones son cooptados por la delincuencia organizada.
Casi seis años de iniciada esta confrontación tuvieron que pasar, para que el gobierno mexicano suscribiera con UNICEF-México el “Acuerdo para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada”.
Hace unos días por fin se hizo y se reitera en el mismo, esa serie de protocolos específicos de atención, que desde el origen debieron seguir las Instituciones del gobierno federal, para cumplir los estándares y principios internacionales en el escenario de declaración al inicio del gobierno del Presidente Calderón de “guerra” en contra de la delincuencia organizada.
¿Será que ahora se podrá conocer con claridad el número de niñas, niñas y adolescentes víctimas?
¿Se podrá saber qué ha pasado con todos aquellos que han quedado huérfanos?
Pero fundamentalmente y aún después de todos estos años, las Instituciones ¿establecerán las cadenas de protección para asegurar y proteger a todos estos niños, niñas y adolescentes?
¿Cumplirán en salvaguardar su integridad física y psicológica?
¿Protegerán y restituirán los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de la delincuencia organizada?
¿Establecerán esa cadena de protección para asegurar la atención y garantía de los derechos de esos niños?
¿Se capacitará a las dependencias federales para que sigan los protocolos?
Las autoridades cumplirán también con el “Protocolo de actuación para impartidores de justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes”.
Son preguntas que todavía no tienen respuesta.
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