La seguridad alimentaria de México no se logrará si sólo se apoya al agro, tampoco con una respuesta bajo presión, como el acuerdo federal para atender la sequía con 34 mil mdp, se requiere de políticas públicas integrales.
La política gubernamental respecto a producción alimentaria ha sido errática, sin tomar en cuenta que para garantizar la auténtica seguridad primero debe haber soberanía alimentaria.
En México, concretamente, la escasez de alimento no es sólo por las sequias o heladas registradas el año pasado, vinculado al encarecimiento. Es el resultado de políticas aplicadas en los últimos treinta años, que han ido desde el subsidio total hasta la apertura total y que han desembocado en la actual estrecha relación entre la economía mexicana con la estadounidense.
México importa actualmente el 40 por ciento de los alimentos de consume, y ello refleja la vulnerabilidad del país en este rubro; algunos especialistas estiman que en esta década se llegará a la importación de hasta el 60 por ciento.
Apenas en agosto pasado, la representante en México de la FAO, Nuria Urquía Fernández, señaló el que desde 2008 a 2011 la inseguridad alimentaria de México aumentó cerca de dos por ciento, y esto se refleja en “concentraciones de inseguridad alimentaria muy particulares” en varias entidades de la República, situación que calificó de “muy grave”.
No basta que en la Constitución de México se haya incluido a la alimentación como un derecho, puesto que éste no lo garantiza el Estado, hay 52 millones de pobres que apenas si pueden comer una vez al día, y varios millones más de mexicanos que mal comen.
La pobreza se agudizó en las ciudades, y en contraposición está la emigración en las zonas rurales y el abandono de la actividad agrícola
Ya desde hace unas tres o cuatro décadas a nivel mundial se empezaba a manejar la “seguridad alimentaria” o “autosuficiencia”, bandera que en su momento enarbolaron las naciones en vías de desarrollo.
En México, esta bandera se vio reflejada en la década de los ochenta con el programa del Sistema Alimentario Mexicano (SAM) que perseguía la “soberanía y autosuficiencia” alimentaria, pero al final se convirtió en uno asistencialista, sólo subsidió al campo y se perdió todo el objetivo de apoyo tecnológico, rescate de cultivos y demás.
Después vinieron los gobiernos neoliberales, y la política alimentaria se orientó a “garantizar” el abasto, no importaba a quién se lo comprara, si a su vez se podían pagar con los ingresos petroleros y las propias ventas de agropecuarias nacionales.
Con el gobierno de Carlos Salinas nuevamente se da un giro a la política y se opta por comprar sin importar la cantidad ni el tipo sino garantizar el ingreso de alimentos, de ahí la apertura de fronteras.
Es con Vicente Fox cuando se da la total dependencia de alimentos básicos del exterior.
Los errores cometidos por México, acentuados con la apertura comercial vía el Tratado de Libre Comercio (TLC), que no sólo significó eliminación de aranceles sino también la reforma agraria, afectaron la producción del agro nacional, aunado al abandono de prácticas tradicionales de cultivo, la llamada “reconversión de cultivos”, dejar de producir sólo maíz y optar por otros productos sin una clara planeación; además de la falta de tecnología y que se depende del temporal.
A principios de este siglo a instancias de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por su siglas en inglés), se aplica en México el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA). Por cierto, el piloto se aplicó en Puebla y de ahí paso a otras entidades.
El programa, entre otros aspectos, busca mejorar la producción de la milpa, involucrar la comunidad en la producción para su autoconsumo, pero también darle valor agregado al cultivo, atender proyectos integrados, de ahí se generar las “cadenas de producto”.
Lo anterior significa apoyo económico, transferencia de tecnología y, sobre todo, trabajar con cultivos propios de la región que al final permitan mejorar las condiciones de vida de la población.
La falta seguridad alimentaria de México no se resolverá únicamente a través de la agricultura, pero tampoco si sólo se reacciona ante siniestros, como la reciente sequía, ante la cual el gobierno federal reacciona tardíamente con un acuerdo para atender a más de 14 estados con un presupuesto por 34 mil mdp.
Es necesaria una política pública integral; la situación en las comunidades rurales no puede superarse única y exclusivamente con la atención a la producción agropecuaria, sino que debe ir de la mano con otras políticas como infraestructura, servicios básicos, salud y educación, que no sean asistencialistas, sino que realmente estén orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.
Al tiempo que en las zonas urbanas y suburbanas no se vea sólo el abasto de alimentos, sino también la capacidad de compra de la población para adquirirlos y la calidad de los productos, para atender los problemas de desnutrición que le aquejan.
Así que la falta de alimentos entre los Rarámuri y los 52 millones de pobres no es resultado de la sequía o de baja productividad del campo, sino de la severa desigualdad que priva en México.
