Unos 23 millones de pesos es la cifra inicial con la que el Gobierno del Estado demandó por enriquecimiento ilícito, al ex secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Javier García Ramírez.
La cantidad puede incrementarse en la medida que se descubran más bienes escriturados a nombre del marinista o de sus familiares, dijo Víctor Carrancá Bourguet.
El Procurador de Justicia informó que García Ramírez no se encuentra en Puebla, situación de la que se percató desde el pasado 5 de enero que el Juez Primero Penal ordenó su detención junto con el ex secretario de Salud, Alfredo Arango García.
Reconoció que la Interpol busca al marinista en el extranjero, sin que al momento tengan reporte de dónde se encuentra, al tiempo de negar que de su dependencia o de los juzgados se haya filtrado información que llevó al ex Secretario de Obras a ampararse.
“Veintitrés millones de pesos es la diferencia entre los ingresos declarados y los dictámenes que se realizaron en relación con las valuaciones de las propiedades determinadas hasta este momento. Las averiguaciones siguen abiertas y estamos a la espera de tener más elementos en la investigación y saber de otros bienes que puedan estar registrados a su nombre”, explicó.
Respecto de las versiones periodísticas de que en días pasados se libraron ordenes de aprehensión en contra del ex secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, el ex subsecretario de Egresos, David Villa Issa y el ex director del SOAPAP, Eduardo Macip, el Procurador los calificó de simples rumores.
En tanto que el Presidente de la Canaco, Alfredo Arizmendi, consideró que la orden de aprehensión que se giró en contra de García Ramírez es una buena señal para los inversionistas pues muestra que en esta administración sí se hace valer el estado de derecho.
Consideró que en el sexenio pasado la falta de certeza jurídica provocó la pérdida de la confianza por parte de los empresarios hacia la autoridad, lo que incluso colocó al estado en el último lugar en materia de competitividad.
“Este tipo de acciones en materia de hacer justicia o esclarecer los hechos de posibles malos manejos es una señal muy alentadora, muy positiva para el mercado de inversiones porque todo lo que alienta en el sentido de restablecer la confianza y la certeza jurídica es algo que alienta la inversión; Puebla ya estaba atorándose muy fuerte en esos rubros porque teníamos ya un clima de desconfianza acerca de si era posible arriesgar capital sabiendo que -por ejemplo – el sistema judicial no operaba correctamente, llegaba el momento en que ya daba miedo firmar un contrato”.
Por su parte el presidente de la Junta de Gobierno y coordinación Política del Congreso local, José Luis Márquez Martínez, espera que las indagatorias y las órdenes de aprehension giradas contra ex funcionarios marinistas no tengan tintes electorales. En ese contexto pidió que a los señalados se les de la oportunidad de defenderse para que explicen la legalidad de su patrimonio.
(Con información de Mónica Franco, Pilar Pineda y Erick Almanza)
