Antes de gozar su periodo vacacional y su aguinaldo, en la última sesión legislativa del año 2011 diputados aprobaron la Ley de Transparencia que aumenta la base de sujetos obligados a rendir cuentas; entre ellos los organismos electorales, los partidos políticos y la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
A manera de despedida navideña el priista Enrique Doger Guerrero consideró que la transparencia comienza por casa, por lo que desde la tribuna legislativa le pidió al presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga, un informe detallado sobre la aplicación del presupuesto del Congreso “pues no lo conocemos”.
En tanto la organización “Actívate por Puebla” advirtió que no quitará la roca que puso en la entrada principal del edificio legislativo a principios de año para recordarle a los diputados su compromiso en materia de transparencia, hasta que se legisle una ley de vanguardia.
En la misma sesión se aprobó la Ley Orgánica del Poder Legislativo que desaparece la figura de la Gran Comisión y crea la Junta de Coordinación Política que estará vigente a partir del próximo año.
Habrá dos mesas directivas por año legislativo, el primero con duración de 6.5 meses y el segundo 5.5 meses. Se proponen desaparecer la denominada “congeladora” estableciendo un periodo no mayor a 180 días para dictaminar las propuestas presentadas en el Congreso.
Además de la junta de Coordinación Política, se crea una contraloría interna, una unidad de atención ciudadana, el área de estudios legislativos y el voto ponderado.
Los diputados Enrique Doger Guerrero y José Juan Espinosa se pronunciaron en contra de la limitante en el uso de la tribuna. La propuesta original determinaba 5 minutos para posicionamientos y hasta 15 minutos para iniciativas, decretos y reformas, pero al final quedó en 10 minutos para el primer caso, en el segundo queda igual.
De acuerdo con los artículos transitorios de la ley, este ordenamiento entrará en vigor el 10 de enero y los legisladores cuentan con un periodo de 60 días para emitir el reglamento interno.
La propuesta también faculta a legisladores de diversos partidos a agruparse en una sola fracción parlamentaria; crea un capítulo de disciplina legislativa para sancionar el comportamiento de los diputados; faculta a la Junta de Gobierno para remover al auditor general del Órgano de Fiscalización Superior; instaura el servicio de carrera legislativa; crea la Contraloría Interna ; y aumenta el número de comisiones -de 28 a 32- y de comités pasa de seis a cinco y se otorgan facultades de dictaminación a todas las comisiones.
Asimismo, se hizo una modificación al artículo 93, en materia de subvenciones, se entregará el 30 por ciento de la partida presupuestal -de manera equitativa- a las bancadas, y el 70 por ciento restante será de forma proporcional y de acuerdo al número de diputados; todos están obligados a comprobar sus gastos.
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