En un foro en que fue el orador principal, el Presidente de la República declaró (copio textualmente de unomásuno, 5 de diciembre): “Las libertades de expresión, de prensa, de opinión y manifestación, subrayó (el Presidente), se ejercen sin cortapisa y a plenitud, sin restricción alguna del poder público”.
Eso es digno de aplauso por dos razones obvias. La primera es que resulta muy gratificante oír, desde la más alta magistratura de la nación, la defensa y acatamiento de las libertades más preciadas del mexicano, tuteladas por la Constitución. Ello equivale a reafirmar que tales libertades son intocables y deben respetarse estrictamente por tirios y troyanos, y que quienes ejercen tales libertades no pueden ser acusados de delito alguno por ello, mientras que quienes las niegan, atacan e intentan conculcarlas por el camino que sea, se colocan automáticamente fuera de la ley.
La otra razón es el compromiso tácito del Presidente de continuar con la línea de respetar, “sin cortapisa”, esos derechos y libertades, y no sólo por él, sino por “el poder público” en su integridad. Pero creo honestamente que esta declaración deja de lado un hecho muy preocupante de nuestra vida pública, mismo que contradice frontalmente la postura presidencial.
Me refiero a la feroz guerra mediática que se desata, de modo infalible y puntual, contra todo aquél que se atreve a ejercer, de facto y no sólo en los discursos, la más importante, quizá, de las libertades enumeradas por el Presidente. Hablo, naturalmente, de la libertad de manifestación, es decir, de las marchas, mítines y “plantones” protagonizados “por el pueblo”, cuando todos los otros caminos a su alcance han fracasado.
Puede afirmarse, sin temor a equivocarse, que en esta labor de reprimir el derecho a la protesta, no hay excepciones dignas de mención; más bien, todos compiten por ver quien se lleva las palmas en el vergonzoso papel de sicofantes que denuncia a los “rebeldes” y piden la horca para ellos. Y aquí sí que hay quien se distinga por méritos en campaña, como es el caso, por ejemplo, de la empresa de medios autodenominada MILENIO y su locutor estrella Ciro Gómez Leyva.
Como he demostrado en otros momentos con suficientes pruebas al canto, el propósito de la persecución y el hostigamiento mediáticos es suprimir de raíz la libertad de manifestación que el Presidente acaba de declarar absolutamente legal, legítima e inviolable, dejando intactas, al mismo tiempo, sus causas profundas.
¿Y en qué argumentos se apoyan tales pretensiones? ¿Acaso son el fruto de un riguroso y concienzudo análisis de las demandas y peticiones de los inconformes que les habría mostrado que son ilegítimas, exageradas, inventadas, absurdas e imposibles de cumplir? ¿O que no son de la incumbencia del organismo gubernamental contra el que va la protesta? ¿O que son una mezcla de todo eso? ¿Acaso han investigado el desarrollo del conflicto y han encontrado que los marchistas mienten al asegurar que han ensayado todo antes de salir a perturbar la paz de otros? O, finalmente, ¿sus asesores legales les han demostrado que la protesta es ilegal porque se apoya en una interpretación abusiva y caprichosa del Derecho, o porque tal derecho, simple y llanamente, no existe?
Pero todo mundo sabe que no hay nada de eso; que lo que menos importa a medios y reporteros es el derecho de los más pobres a una vida mejor; la injusticia social que hay detrás de cada marcha; la existencia de la garantía constitucional de libre asociación y manifestación; entre otras cosas.
Su tarea es otra: quedar bien con quienes les pagan por defender sus intereses y privilegios, caiga quien caiga y se atropelle a quien se deje. Por eso, con la mayor irresponsabilidad del mundo, sin una sola prueba válida, sin siquiera meditar los términos de sus torpes acusaciones, sólo tienen ojos para el “caos vehicular” que ocasionan las marchas; sólo escuchan la voz de los “comerciantes” (léase hoteles, restaurantes, bares y cantinas) que se quejan de la caída de sus ventas.
A los “chantajistas”, “flojos” y “atenidos”, que están pobres porque quieren y sólo saben exigir “a papá gobierno”, a esos que se los papen duelos, como diría Cervantes. Y si insisten en perturbar la digestión del señor funcionario o de sus cebados voceros mediáticos como Ciro Gómez, que vayan a la cárcel sin mayores averiguaciones.
Pero eso, señor Presidente, es ir en contra de lo dicho por usted; es pisotear la Constitución General de la República poniendo por encima de ella una ley menor, el reglamento de tránsito de la capital del país.
Eso sin contar con que, al atacar a las víctimas y no a los victimarios, al dejar indemnes y libres de culpa a la injusticia social y a los funcionarios soberbios que desatienden a los pobres, fomentan aquello que dicen combatir, es decir, generan y multiplican las causas profundas del descontento popular que están en el fondo de toda protesta de las masas.
Y aquí, otro párrafo digno de aplauso del mismo discurso presidencial: “Señaló (dice unomásuno) que cada vez son más quienes creen que esta reforma (la reforma política) debe centrarse en ampliar el poder de los ciudadanos y no restringir el poder del pueblo”.
Esto, al menos en esta formulación general, no admite discusión. Sólo así estaremos en camino de lograr un mejor equilibrio y una mayor estabilidad social y política para la nación. Pero quienes atacan el derecho de manifestación, quienes niegan la desigualdad y la injusticia social y sólo atienden la voz y los intereses del amo, no quieren ampliar sino “restringir el poder del pueblo”; están en contra de los propósitos declarados de la reforma política que usted impulsa y defiende.
Y ¿no es obligación de su gobierno impedir que nadie, aunque esté fuera “del poder público” y así se trate de los poderosos medios masivos y sus servidores incondicionales, se arrogue la facultad de conculcar los derechos ciudadanos? ¿No es precisamente el gobierno de la nación el único que tiene el poder suficiente para hacer respetar la Constitución General de la República? Ésa es, pues, una asignatura pendiente.
*Secretario general del Movimiento Antorchista
