Con la ausencia de Víctor Manuel Hernández Quintana, anoche diputados integrantes de la Comisión Inspectora y el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), José Huerta Ramos, comenzaron la revisión de los faltantes en el Órgano de Fiscalización Superior; la diligencia se llevará un par de días toda vez que cada director tiene a su resguardo distintas cosas y en ese lapso el auditor especial de cumplimiento a la gestión financiera, Antonio Taja Tame, fungirá como encargado de despacho.
Por separado se informó que más de cuatro mil cajas con información valiosa de cuentas públicas del sexenio de Mario Marín Torres, fueron ya aseguradas PGJ como resultado de cateos realizados con orden judicial debido a que la Comisión Inspectora del Congreso del Estado solicitó una inspección ministerial a fin de evitar la posible sustracción, destrucción, manipulación u ocultamiento de la información que se encuentra en dicho órgano.
En tanto, por el delito de robo de documentos, fueron consignados en el juzgado tercero de lo penal y permanecen detenidos tres funcionarios del Órgano de Fiscalización Superior (OFS). Se trata de Rafael Grajales Martínez, Luis Guillermo Hernández Hernández y Jorge Flores Ocaña, director general administrativo, jefe de departamento de Recursos Materiales de Adquisiciones y Servicio y el encargado de la bodega, respectivamente.
La PGJ continúa realizando investigaciones que permitan establecer quién o quiénes dieron la orden directa del traslado ilegal de la información de cuentas públicas referentes al sexenio anterior.
Tras cumplirse la ley al poner a disposición del Tribunal Superior de Justicia a los dieciséis trabajadores que fueron asegurados en el momento en que descargaban la documentación oficial, estos ya fueron puestos en libertad por el juzgado tercero de lo penal considerando que los estibadores fueron utilizados para la sustracción de los documentos en virtud de que simplemente cumplieron con una orden de terceros.
Sin embargo la PGJ se opuso a la libertad caucional de los tres funcionarios del OFS que siguen detenidos toda vez que Rafael Grajales Martínez, director general administrativo del OFS, declaró un domicilio falso para realizar las diligencias del tema. Se ordenó un cateo y al llegar al sito la juez que practicaba la diligencia pudo constatar que en el domicilio vive otra familia, por lo que los funcionarios permanecerán en prisión hasta que se resuelva la apelación respectiva.
Previo a la diligencia el diputado presidente de la Comisión Inspectora, Mario Riestra Piña, informó que el auditor general tiene tres días para aclarar su situación jurídica, presentarse a trabajar y explicar porqué autorizó el traslado de papelería oficial a dos bodegas ajenas a la instancia, de lo contrario se tomará como ausencia y se le suspenderá seis meses de su cargo.
De comprobarse el robo de documentos oficiales, la sanción pasaría de una suspensión provisional a la remoción pues así lo contempla la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Van contra Marín Torres
El Gobernador enfatizó que será prudente y no especulará sobre la información que contienen las cuentas públicas del ex gobernador Mario Marín que están en resguardo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tras la recuperación de documentos robados al Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Sin embargo solicitó tanto a la PGJ como al Congreso local que el caso del auditor Víctor Manuel Hernández Quintana llegue a las últimas consecuencias.
“Me parece delicado que documentos confidenciales, que tendrían que estar bajo resguardo del Órgano de Fiscalización estuvieran en una bodega que no estaba registrada por el órgano, es decir a todas luces hay una acción irregular que se debe investigar (…) Que algunos de esos documentos efectivamente tienen que ver con la administración de Mario Marín, eso es lo que damos por hecho, el resto, será una investigación que tomará algún tiempo y que se hará conforme a derecho”, enfatizó.
En tanto que la contraloría estatal espera las instrucciones de la PGJ para poder acceder a la información que tiene resguardada del OFS ya sea para fortalecer las investigaciones que se siguen en contra de ex funcionarios marinistas; así como para iniciar un proceso administrativo en contra del director general administrativo, jefe de departamento de Recursos Materiales, y el encargado de la bodega del OFS, quienes fueron detenidos por robo de documentos.
Por su parte el presidente del Tribunal Superior de Justicia, David López sugirió al Congreso la destitución del auditor, Víctor Manuel Hernández en lo que deslindan responsabilidades.
Tras negar que hubiera fuga de información que derivara en el amparo que adquirió para no ser detenido el auditor, dijo que hasta el momento el juez que conoce del caso no ha girado una nueva orden de aprensión para el auditor o alguna persona relacionada con el robo de documentos.
PRI suplica
El dirigente estatal del PRI, Juan Carlos Lastiri Quirós, pidió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no actuar bajo consignas políticas en el caso del titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Manuel Hernández Quintana, ni adelantar juicios sobre el tema.
El priista consideró anticipadas las declaraciones del procurador Víctor Manuel Carrancá, en el sentido de que la documentación encontrada es exclusivamente de la administración marinista, abriendo la posibilidad de que los expedientes permitan abrir procesos legales en contra de exfuncionarios del estado, cuando los estados financieros ya fueron aprobados y no se deben reabrir.
Consecuencias
A propósito del escándalo en el Órgano de Fiscalización Superior, el Congreso del Estado detectó una banda de contadores dedicada a extorsionar a presidentes municipales. Los diputados ya van por el líder de esta red de delincuentes.
El legislador Filiberto Guevara señaló que tienen reportes de que los ediles son chantajeados a cambio de la aprobación de sus cuentas públicas y por razones de seguridad no proporcionó nombres de los sospechosos.
Refirió que fue posible dar con el hilo conductor de la corrupción porque uno de sus compañeros de curul, que fue extorsionado cuando fue edil, identificó a quienes lo amenazaban.
(Con Información de Mónica Franco)
