El coordinador de la bancada local del PRI, José Luis Márquez Martínez, rechazó que el hallazgo de cajas con presunta documentación de la pasada administración estatal justifique la reapertura y análisis de cuentas públicas del ex gobernador Mario Marín Torres y de sus funcionarios que ya fueron aprobadas.
En conferencia matutina el legislador urgió a la Procuraduría General de Justicia a ampliar la investigación para conocer el tipo de información que fue sustraída del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS) al advertir que si el auditor general es responsable, debe aplicarse todo el peso de la ley en su contra, pero si no lo es, deberá ser absuelto y mantenerse en el cargo a pesar de la denuncia por extorsión y duplicidad de funciones que le presentó el presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar.
La sustracción de documentos fue revelada por el diputado panista Jesús Zaldivar Benavides, quien siguió a los vehículos y al personal que cometió el presunto ilícito gracias a la llamada anónima de una persona que dijo trabajar en el organismo, lo que motivo que el legislador solicitara la presencia de la Policía Ministerial y de medios de comunicación, sobre todo televisoras.
Pasadas 24 horas del hallazgo, integrantes de la Gran Comisión delegaron a la Comisión Inspectora, que encabeza el panista Mario Riestra Piña, la investigación sobre el traslado de los documentos oficiales, del Órgano de Fiscalización Superior a un par de bodegas rentadas la semana anterior, al tiempo de formalizar la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia.
“Se tomó la decisión de que la fuerza pública resguarde las instalaciones del Órgano de Fiscalización para buscar que no se sustraiga información ni equipo ni muebles”.
Que los documentos contienen información del hoyo financiero en la administración de Melquiades Morales Flores; que comprometen la gestión de Mario Marín Torres; que el auditor Víctor Manuel Hernández Quintana será destituido y que en su lugar se nombrará a David Villanueva Lomelí fueron calificadas como meras especulaciones por el presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, quien recordó que hasta que conozcan el status de Hernández Quintana por notificación oficial de la autoridad judicial, el Congreso del Estado actuará en consecuencia.
“La tarea fundamental es revisar el inventario, es una prioridad y sabemos que hay una orden de aprehensión contra el auditor general y un amparo al respecto, de ahí que en los días subsecuentes tomarán las decisiones necesarias”, destacó.
Rechaza auditor padrinazgo gubernamental
Con un amparo bajo el brazo la noche del viernes 14 el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del Estado, Víctor Manuel Hernández Quintana, salió a defenderse de la orden de aprehensión librada en su contra por la Procuraduría de Justicia.
Acompañado de su abogado, y cobijado por sus funcionarios más cercanos, el funcionario fue enfático al señalar que no es marinista ni prófugo de la justicia y que concluirá su periodo, al que le restan cuatro años, ello al rechazar que al iniciar la administración morenovallista le hayan ofrecido dos propuestas dignas para dejar el cargo.
“Hasta el momento no me han hecho alguna propuesta decorosa o indecorosa. Las indecorosas no las acepto. He recibido por ahí, entre líneas, algunos mensajes, algunas señales pero en concreto conmigo no han hablado de este tema”.
Hernández Quintana confirmó que el lunes 10 de octubre acudió al Juzgado Octavo de lo Penal, tras recibir citatorio de la PGJ, pero en ese momento se reservó el derecho a declarar y decidió hacerlo por escrito, la fecha que establecieron para la entrega fue el 24 de octubre.
“Lamento que el señor procurador haya emitido una información de la que no teníamos conocimiento. Fue una noticia sorpresiva ya que tenemos una cita pendiente para declarar pero no es posible que se acuse a una persona, que no se le dé tiempo a defenderse y se ejerza acción penal, es como si estuviéramos en tiempos de la inquisición”, criticó.
En tanto que su abogado, José Antonio Muñoz Leppe, informó que promovió un amparo ante la justicia federal previendo irregularidades y anomalías que pudieran registrarse en contra de su cliente pues la notificación judicial les pareció “sospechosa”.
