La intolerancia religiosa en San Rafael Tlapanala mantiene en alerta al Gobierno del Estado. Mientras los 60 cristianos que habitan esa junta auxilar de San Martín Texmelucan se esconden y se mueven de domicilio cada tercer día, la Arquidiócesis de Puebla no ha enviado a alguno de sus dos arzobispo auxiliares para desactivar las amenazas de muerte que envían los católicos a quienes decidieron cambiar de credo.
Por el temor que sienten los cristianos de ser quemados vivos como amedrentó un grupo de católicos liderados por el sacerdote Ascensión Benítez y por edil auxiliar Antonio García, este día se presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla, reconoció que las autoridades no pueden frenar el actuar de la gente en cuanto a fervor religioso se refiere, por lo que la junta es vigilada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La presencia de la fuerza pública tiene la finalidad de detener a las personas que en un momento dado cumplan las amenazas hechas contra el grupo cristiano, a quienes han emplazado a salir del pueblo de lo contrario quemarán su templo y viviendas, explicó.
Añadió que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició una averiguación previa contra de dos líderes católicos que promueven la expulsión de un grupo de cristianos, aunque evitó confirmar si se trata del sacerdote y el edil auxiliar.
Según fuentes la PGJ en su mayoría ha mandado a declarar a mujeres entre las que se encuentran Irma Pérez García, Trinidad Guzmán García, Leonila Perea Benítez, Eloísa Lázaro Menero, Patricia Alemán, Teresa Cruz y Rocío Menero.
