Por los abusos de algunos gobernadores en materia de deuda pública, los diputados federales del PAN pretenden “atarlos de manos” a través de una ley que regule las líneas de crédito, y esto incluye a Puebla, informó la legisladora Augusta Díaz de Rivera tras mostrar su indignación por las irregularidades de gobiernos priistas como el que se ejerció en Coahuila a través de Humberto Moreira Valdés, actual dirigente nacional del PRI.
“Vemos con alarma, de verdad, como se han destapado este tipo de escándalos en cuanto a las facultades que tienen los estados para no rendir cuentas transparentes y poder salirse por la tangente y endeudarse de manera escandalosa.
Esta es una deuda que soportan los ciudadanos de cada estado y del país. Nosotros estamos muy preocupados y buscaremos la forma de amarrarles las manos a los gobernadores de todo el país.
Está a nivel inquietud por parte de la bancada legislar en esta materia, tendrán que reformarse varios ordenamientos para poder lograrlo”.
La también aspirante al Senado rechazó de manera tájate que la ley se convierta en un garrote político para los gobiernos de PRI con miras a las elección presidencial de 2012, debido a que el proceso legislativo suele ser muy lento.
“Esto no se puede usar como garrote político para controlar a los gobiernos priistas. No veo como, porque el proceso legislativo es lento, presentar iniciativas toma mucho tiempo, poderlas turnar a las comisiones, yo considero que desgraciadamente este no es un asunto que vea la luz pronto. Probablemente para el próximo año, pero la vigencia depende del proceso legislativo. Podría tomar incluso a la próxima legislatura, nosotros haremos posible”.
Lo anterior se destacó en el marco de la rueda de prensa para difundir reunión parlamentaria que tuvo la bancada del Partido Acción Nacional en Morelia, para determinar los temas que a tratar en el próximo periodo legislativo en la que se marcó una agenda relacionada con la protección a víctimas, un fondo para la reparación del daño de víctimas será un tema y dentro de la agenda político jurídica impulsarán la modernización del Congreso, el fortalecimiento de la relación entre Poderes, revisión del sistema de partidos, del sistema electoral, la participación ciudadana, el fortalecimiento de estados y municipios, así como la regulación de cargos y organismos públicos.
Así como obligatoriedad de los informes de los legisladores; la transparencia del uso de los recursos de los partidos políticos; la eliminación del requisito de que el Congreso otorgue permiso para recibir condecoraciones de gobiernos extranjeros; la homologación de las jornadas electorales y la revisión de los mecanismos de recuento de votos y cómputo distrital; la legislación sobre el derecho de réplica y promover la participación política de los ciudadanos en agrupaciones políticas y en funciones de seguridad pública, entre otras nuevas iniciativas.
La reducción de los integrantes del Congreso de la Unión y la reelección consecutiva de los legisladores federales; la extensión de la duración de los periodos de sesiones en las Cámaras; la iniciativa preferente; la facultad de iniciativa de la Suprema Corte y completar el proceso legislativo que dará facultad al Ejecutivo para presentar observaciones al Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.
Además, seguirán impulsando temas como la reducción del financiamiento a los partidos políticos, la revisión de los mecanismos para nombrar consejeros electorales del IFE, el voto de los mexicanos en el extranjero, la propaganda de servidores públicos y la actualización de los tipos de delitos electorales.
Aunque también insistirán en limitar el fuero constitucional y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como las relativas a fortalecer la transparencia en las instituciones públicas.
