Los defraudados por Financiera Coofia exigen que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) continúe con la búsqueda de Valente Medina Seoane y exija a la federación una investigación por lavado de dinero para ubicar en Puebla a los prestanombres del empresario prófugo.
A través de su representante legal, Roberto Palacios Santillán, señalan que tanto el ex gobernador Mario Marín, como el actual mandatario Rafael Moreno Valle, encubren el paradero del defraudador.
El abogado dijo que las últimas investigaciones del caso, ubicaron a Medina Seoane en España, escoltado por personal que recibe un salario por parte del gobierno estatal desde hace dos años.
Aseguró que fue Marín Torres y sus colaboradores quienes ayudaron al empresario a salir del país, cuando se descubrió que Coofia defraudó a 78 mil personas, de las cuales 22 mil habitan en el estado y el resto en Oaxaca, Veracruz, Morelos, Guerrero y el Distrito Federal.
Palacios Santillán dijo que interpondrá un juicio de amparo por “falta de justicia pronta y expedita para los defraudados”, y así el Poder Judicial federal obligue a esta administración a dar respuesta a sus demandas.
La solicitud que realizaron los defraudados al procurador de Justicia, Víctor Carrancá a través del director de Averiguaciones Previas, Roberto Quintana Roo, es que el gobierno estatal solicite a la Procuraduría General de la República (PGR) que Medina Seoane sea incluido en el programa Los más buscados, “pues no es menos peligroso que un narcotraficante”.
Consideró que las secretarías General de Gobierno y la de Servicios Legales y Defensoría Pública, deben solicitar que la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rastree los recursos de Medina Seoane.
“Se puede ocultar evidencia de delitos pero no el flujo financiero. Todos los recursos que de manera ilícita fueron captados por Coofia en algún momento pararon en cuentas de prestanombres, de gente que no se le ha querido identificar en los procesos judiciales, que gozan de impunidad. Esto es lo que desatiende el procurador”, dijo.
Añadió que las personas que detuvo la pasada administración no eran los pilares de Coofia y sino empleados sin rango jerárquico.
En cuanto a la recuperación de los ahorros, a través del Fideicomiso Pago (Fipago), el representante legal explicó que hasta el momento sólo nueve mil, de los 22 mil defraudados que hay en Puebla, han logrado recuperar parte de su dinero.
Las reglas de Fipago determinan la reintegración de un máximo de 160 mil pesos y aquellos que invirtieron más de esta cantidad no podrán recuperarla hasta que esté preso Medina Seoane.
Debido a que Fipago obliga a los ahorradores a ceder la totalidad de sus derechos crediticios, también planean demandar a Nacional Financiera para eliminar esta cláusula y establecer que una vez que se detenga al empresario prófugo los ahorradores denuncien por daño moral y recuperen el resto de su dinero.
El caso de los defraudados se Coofía generará otro desajuste financiero para la administración estatal, debido a que hace unos días el gobernador Rafael Moreno Valle, anunció la integración a Fipago de los defraudados por inmobiliarias como Sitma, Invergrup y Inverbien, ya que a ese fondo sólo podían acceder los afectados por cajas de ahorro.
