El martes, 31 de mayo, el Movimiento Antorchista Nacional realizó una marcha en la capital del país con destino a la residencia oficial de Los Pinos. Pretendían ser escuchados por el señor Presidente o por alguien en su nombre, siempre que tuviera verdadera capacidad de decisión y no sólo mañas y mal carácter para deshacerse de visitas molestas.
En lugar de eso, fueron recibidos por contingentes policiales fuertemente armados que bloqueaban todos los accesos a la residencia presidencial “para proteger” (así dijeron, aunque no dijeron de quién) al titular del Ejecutivo. Con ello provocaron, ciertamente, un tremendo caos vehicular que no fue nunca responsabilidad de los marchistas, como luego se les acusó.
La enumeración puntual y la justificación social y legal de las demandas, así como la prueba irrefutable de lo inevitable de la protesta (misma que todavía hoy se pueden consultar en la página web de Antorcha), fueron oportunamente expuestas en carta abierta publicada el día anterior en un diario de amplia circulación nacional.
Dos cosas de dicha carta debo recordar hoy. Primero, que la marcha fue a Los Pinos porque, después de varias entrevistas infructuosas con funcionarios menores de la Secretaría de Gobernación, y después de permanecer más de veinte días estacionados, 24 horas al día, tan cerca de las oficinas de esa dependencia como lo permiten las imponentes e intimidantes barreras metálicas (que recuerdan los campos de exterminio nazis) y los policías que las resguardan, no se había logrado avanzar ni un palmo en la solución de los problemas.
Segundo, que estando dicha solución pactada y firmada por representantes de Gobernación y SEDESOL, la marcha sólo pedía el cumplimiento de los compromisos rubricados por ambas Secretarías.
Todo fue inútil. Como digo, en vez de diálogo la gente encontró contingentes policiales agresivos y armados como para repeler a un ejército enemigo, al mismo tiempo que los noticiarios de radio y televisión “informaban”, en sus ediciones de medio día y vespertinas, única y exclusivamente, del “caos vehicular” provocado por los “bloqueos de los antorchistas”, faltando flagrantemente a la verdad.
Pero lo peor llegó con los noticiarios nocturnos y con la prensa escrita del día siguiente: un alud de las mismas “denuncias” falsas sobre los “bloqueos impunes” y el “caos” vehicular consiguiente, y una muy sospechosa unanimidad en la “enérgica condena” a quienes, con cualquier pretexto o “por intereses inconfesables de sus líderes”, salen a la calle a perturbar la tranquilidad pública y a trastornar la rutina diaria de la gente pacífica y laboriosa de la ciudad de México.
Todos coincidían, también, expresa o tácitamente, en la exigencia de que la autoridad “responsable” aplique mano dura, castigo severo (¿la horca tal vez?) a quienes “violan impunemente” los derechos de terceros.
Tal unanimidad en el enfoque y en la agresiva condena a la protesta, se explica fácilmente por el twit del Presidente de la República en el mismo sentido. Todos los medios, acostumbrados a obedecer la voz del amo, lo tomaron como la orden de lanzarse con todo contra los manifestantes.
Aun así, esa uniformidad mediática trueca la situación en algo distinto a la simple reacción visceral de una prensa nacional cada día más conservadora y reaccionaria, cada día más entregada a los intereses económicos de sus poderosos dueños y de los amigos de sus dueños, y cada día más alejada y hostil a las graves carencias y acentuada desigualdad que padece más de la mitad de los mexicanos.
Es un combate en toda regla, bien meditado y coordinado, en contra del derecho a la protesta social, una indiscutible garantía constitucional cuyo ejercicio no entraña delito alguno, a la que perciben como un grave riesgo para la estabilidad nacional a la luz de la crítica situación que atraviesa el país. Es represión y terrorismo mediático puro contra los inconformes y sus posibles imitadores. Cabe, entonces, preguntarse: ¿y qué sigue? ¿Qué seguirá si falla la represión verbal de los Ciro Gómez Leyva y consortes?
Puede pensarse que exagero o que calumnio. Pregunto entonces: ¿por qué a nadie se le ocurrió tocar, siquiera de pasada, lo sustantivo de la carta abierta? ¿Por qué a nadie le interesó, ni por error, pronunciarse sobre la verdad o falsedad, lo justo o injusto, lo legal o ilegal de las demandas de los marchistas? ¿Por qué ese silencio absoluto sobre cuestiones tales como la carencia de vivienda de millones de mexicanos, de servicios básicos en general, el hambre de las familias de los jornaleros agrícolas de Sinaloa, los asesinatos y los secuestros, esos sí impunes, en torno al conflicto agrario entre Mixtepec y Yosoñama?
¿Por qué nadie considera grave el incumplimiento de compromisos firmados por parte de dos importantísimas Secretarías de Estado? ¿Es comprensible, es lógico que a los gurús de la prensa nacional todo eso les resulte fútil frente al “grave caos vehicular” que provocan las protestas populares contra eso y más? Sí, es lamentable y muy lamentable que se trastorne la vida diaria de los capitalinos por problemas que ellos no generan.
Pero ¿acaso no es más lamentable la miseria de 30 millones de mexicanos, al borde de la inanición y de la mendicidad, y más aún que se pongan oídos sordos a sus demandas elementales? ¿Acaso eso es un problema que sólo a ellos toca conocer y resolver, mientras el resto de los mexicanos disfrutamos de una paz artificial que nos fabrican quienes ocultan los verdaderos problemas nacionales?
Hay ya anuncios “espectaculares” en la Ciudad de México que pretenden ser “demoledores”: “una marcha es un derecho, mil son un exceso”. Y yo respondo: un millón de pobres se entendería en cualquier país de la tierra; 85 millones, como en México, es un crimen. Y no atender sus demandas elementales es un crimen doble. Y las víctimas de ese crimen no se someterán con la simple represión mediática.
*Secretario General del Movimiento Antorchista
