Ex funcionarios de la administración de Blanca Alcalá Ruiz, calificaron como “ridícula e insostenible”, la cifra por más de mil 900 millones de pesos derivada de las casi 400 observaciones hechas por la Comisión de Transición del ayuntamiento de Puebla.
Al ofrecer una breve postura a los señalamientos emitidos por regidores panistas sobre las irregularidades detectadas en el anterior trienio, el asesor jurídico de la ex alcaldesa, Ernesto Ramírez López sostuvo que en la administración que concluyó hace tres meses la transparencia y la legalidad fueron el común denominador.
El colaborador de la ex edil, manifestó que el dictamen realizado por la comisión Entrega Recepción no cuenta con el respaldo suficiente “al no ser un análisis serio”, para sustentar las acusaciones imputadas a ex funcionarios municipales.
De acuerdo con Ramírez López la cifra total de mil 986 millones de pesos equivale al presupuesto de egresos de un año, “rechazamos las imputaciones que el documento contiene, cuya falsedad se evidencia con la ridícula cifra de de mil 986 millones de pesos, que es casi todo el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal municipal, seis años de recaudación del impuesto predial o 50 años de recaudación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles”.
Por ello, dijo que en breve se atenderán cada una de las observaciones al tiempo que emitirán una respuesta a las acusaciones.
Finalmente, el posicionamiento concluyó con la lectura de acciones de la pasada administración, al destacar la obtención de 30 millones de pesos para acciones de ecología y en el Centro Histórico, además de los fondos obtenidos para la construcción de la Avenida 18 de noviembre, o el inédito ejercicio después de haber obtenido recursos líquidos por 297 millones de pesos.
Tras dar lectura al comunicado, los ex funcionarios de Blanca Alcalá rechazaron responder los cuestionamientos de los medios locales y se retiraron uno a uno del lugar donde se convocó al acto. donde estuvieron presentes Mauro Uscanga Villalobos, y Armando Garcés, ex Contralor y anterior Tesorero respectivamente; Gabriela García Maldonado, ex secretaría de Administración; Javier Ramírez Carranza, ex Coordinador General de Presidencia; Héctor Hernández Sosa, ex Coordinador de Políticas Públicas, así como Víctor Manuel Giorgana, ex Secretario de Desarrollo Social; y el ex titular de Obra pública Jorge Rodríguez Morgado, y los actuales regidores del PRI Octavio Castilla Kuri y Julio César Sánchez Juárez.
En tanto, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, descartó linchamiento político contra ex funcionarios blanquistas una vez que el dictamen se apruebe y ratifique en sesión de Cabildo al señalar que el único fin de la auditoría realizada es transparentar el estado en el que se recibió la administración y el ejercicio de su antecesora.
Agregó que los responsables de las áreas donde se detectaron inconsistencias en la pasada administración podrán mostrar pruebas para deslindarse de los señalamientos, toda vez que el proceso sigue abierto y será la contraloría quien los llame en garantía de audiencia.
Por su parte, el actual secretario de Gobernación Municipal, Pablo Montiel Solana evitó dar una postura sobre las irregularidades detectadas en su área durante el trienio anterior, al señalar que existe una Comisiòn encargada del tema y aseguró que una vez que se emita el dictamen final hablará sobre el tema.
Se politiza la revisión
En tanto que al sentenciar que nadie está por encima de la ley, el dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel de la Rosa, consideró que al margen de sus aspiraciones políticas Blanca Alcalá debe responder a las inconsistencias detectadas.
“Quien se equivoca tiene que ser sujeto a la consecuencia de sus errores. Las aspiraciones de Blanca Alcalá yo las desconozco, se le encontraron hechos así y deben ser sancionados, esto más que argumento político es algo real, ella debe aclarar estas acusaciones”, sostuvo.
Por su parte el dirigente del Partido Convergencia, José Juan Espinosa Torres, sugirió a los regidores capitalinos no partidizar el asunto ni tratar de afectar la imagen de la expresidenta municipal de Puebla por motivos político-electorales, ya que “se acercan los tiempos de definición de candidatos para el 2012 y confiamos en que ninguna acción que emprenda el ayuntamiento de Puebla o cualquier otro ayuntamiento de los 217 en el Estado, persiga fines electorales, sino simplemente una revisión a fondo y detallada de cómo se administraron los recursos en las tesorerías municipales”.
(Con información de Pilar Pineda)
