Pese a que se dictó auto de formal prisión en contra de Jorge Toledo Mosqueira, representante legal de la empresa Unión Presforzadora S.A. de C.V. y Asociados, como probable responsable de fraude genérico cometido en agravio del gobierno estatal; este continua en libertad debido a que el delito del que se le acusa no es grave de acuerdo con el código de Defensa Social del estado.
Ahora el inculpado deberá solicitar la ampliación del amparo con que cuenta para enfrentar un juicio en libertad, o tras la rejas si el Juez le niega el beneficio.
UPSA es la empresa que originalmente fue contratada para la construcción del Centro Expositor y de Convenciones de Puebla, la cual deberá resarcir económicamente el daño que realizó al erario por recibir pagos por adelantado cuando la obra enfrentaba retrasos, dijo el gobernador Rafael Moreno Valle.
La orden de prisión en contra de Toledo Mosqueira se liberó desde el pasado primero de abril, pero no se puede cumplir debido a que el inculpado promovió un amparo ante el Juez Sexto de Distrito, vigente desde el 8 de febrero de 2011 según un comunicado de medios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
El documento también explica que la orden de búsqueda y aprehensión en contra del empresario se libró desde el pasado 5 de abril del 2010, deduciéndose que Toledo Mosquiera se escondió de la acción de la justicia durante casi un año hasta que lograr el amparo federal.
La obra realizada en la zona de Los Fuertes de Loreto inició construcción el 23 de noviembre de 2007 y tuvo que concluirse el 25 de octubre de 2009.
Sin embargo desde julio de 2009 las empresas ICTAM Consultores y Constructores; NABLA Ingeniería y Diseño S.A. DE C.V; Constructora Zacachimalpa S.A. DE C.V; Coplamec S.A. DE C.V; Coordinación y Construcción de Obras S.A. DE C.V; y Placodi S.A. DE C.V., realizaron una revisión física a los avances de la obra. Los resultados evidenciaron un atraso de 45.60%, además de un pago en exceso de 52% a UPSA.
En octubre de 2009, al comparar físicamente el trabajo ejecutado por la empresa, se comprobó que el avance de los trabajos correspondía únicamente al 48% y no al 93.60% como se estableció en el convenio. A pesar de ello, la constructora efectuó el cobro de 184 millones 557 pesos.
Fue hasta el 22 de marzo de 2010 que la PGJ consignó la averiguación previa 17/2010/DMZN por el delito de fraude genérico en agravio del Gobierno del Estado de Puebla, siendo el Juez Séptimo de Defensa Social abrió el proceso penal 75/2010
