A la fecha, mil 796 trabajadores de confianza del DIF, Sedeso, Desarrollo Rural, Sedecap, y de la SCT fueron destituidos, aunque los legisladores estimaron que la cifra aumentará de manera considerable.
A decir de la ex secretaria General del Consejo Estatal de Población (COESPO), Norma Sánchez Valencia -responsable de la defensa jurídica- existen amplias posibilidades de ganar un proceso legal contra la administración ya que se logró documentar que varios empleados fueron amenazados y obligados a presentar su renuncia sin previo examen de evaluación.
“No estamos respaldando o buscar solapar a la gente que no demostró una habilidad laboral real, el problema es que acá ni siquiera les dieron la oportunidad de demostrarlo”, anotó.
Precisó que entre los casos de los rescindidos se encuentran personas con hasta 25 años de servicio, quienes además de su empleo perdieron su servicio médico, luego que el gobierno del estado inició acciones de “revanchismo” contra su antecesor.
Asimismo, aclaró que los casi mil 880 empleados que cotizaron en el ISSSTEP podrán recuperar su fondo de ahorro, el cobro del mes de enero y hasta la prima vacacional, en caso que decidan emprender una defensa legal de sus derechos laborales.
Por su parte, Aguilar González adelantó que en esta semana buscará acercamientos con el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto para lograr acuerdos a través del diálogo y no en los tribunales, pese a ello, advirtió que la defensa jurídica se dará a la par de las negociaciones.
Por ello, convocaron a los desempleados a acudir a ellos con el propósito de integrar expedientes antes que concluya el periodo de 30 días que otorga la Ley para iniciar procesos legales contra el gobierno del estado.
Exhortaron a los afectados a acudir a las oficinas de la Coordinación de Diputados federales priistas ubicada en la Primera Central 619 en el Fraccionamiento San Francisco.
