Aunque la despenalización del delito de difamación y calumnia fue aprobada por la Comisión de Gobernación, el tema fue eliminado de la orden del día de la sesión de este martes en el Congreso local, pues algunos legisladores se percataron que el tema no fue discutido a profundidad según lo reconoció el diputado priista, Lauro Sánchez quien propuso la organización de foros ciudadanos que nutran la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
El priista abundó que “la discusión no fue lo suficientemente profunda y documentada” ya que eliminar tales faltas del Código Social para implementarlas al Código Civil, bajo el concepto de Daño Moral, sería en función exclusiva al trabajo periodístico, pero también se debe tomar en cuenta a los particulares, así como evitar algún tipo de censura.
Además, Lauro Sánchez propuso la organización de foros donde organizaciones sociales, académicos y expertos en la materia aporten estudios y opiniones que abonen a una legislación integral.
Por su parte, el presidente del Congreso local, Guillermo Aréchiga Santamaría avaló la oferta priista con la intención de que las reformas sean en función a la Ley federal y que se garantice la libertad de expresión, pese a ello puntualizó que se trata sólo de una propuesta a nombre de un grupo parlamentario que el resto de las fracciones tendrán que aprobar.
“Tuvimos diversas opiniones que nos llevan a reflexionar y nos llevan a abrir el análisis. Esta Legislatura escucha, está abierta a la búsqueda de consensos, lo que hicimos fue retirar el punto para el análisis”, justificó.
En tanto, el coordinador de la bancada de Acción Nacional, Mario Riestra Piña anotó que la despenalización de tales delitos pondría a la vanguardia al estado debido a que la normativa poblana se adecuaría a la federal, no obstante respaldó la postergación del tema a fin de que se defina el delito de Daño Moral, así como las penas por la comisión del mismo.
Por tanto, rechazó que los integrantes de la Comisión de Gobernación hayan incurrido en un error al aprobarla sin ejercer un análisis exhaustivo.
Es oportuno precisar que la propuesta del gobernador, Rafael Moreno Valle, contempla modificar el artículo 1958, adicionar el 1958 bis y 1958 ter del Código Civil; se adicionarían los artículos 254, 255 y 256 del Código de Defensa Social.
Asimismo se derogarían los artículos 357, 358 y los que van del 360 al 372 del Código de Defensa Social.
De aprobarse estas reformas, quienes incurran en falsedad de declaraciones se harían acreedores a sanciones económicas que van de los seis meses a cinco años de prisión, y una multa de diez a mil 500 días de salario mínimo.
