Los funcionarios más cuestionados del sexenio marinista abrieron la tanda de comparecencias ante el Congreso local, pero como la mayoría de los integrantes de la LVIII Legislatura se estrenaron en el esquema, la evidente falta de información sobre las acciones realizadas durante el último año del gobierno, y de todo el sexenio en general, provocó que las preguntas de los legisladores emanados de partidos opositores al PRI fueran imprecisas y muy generales.
También quedó en evidencia que el recinto legislativo no cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo simultáneo de actividades, toda vez que la falta de espacio provocó un caos para el acomodo de diputados, funcionarios, asesores, asistentes, personal administrativo, reporteros, fotógrafos y camarógrafos.
En ese tenor el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, despejó dudas sobre la explosión en San Martín Texmelucan y las condiciones de gobernabilidad y seguridad que se heredan. Al respecto aclaró que Puebla no es cuna ni albergue de narcotraficantes a pesar de la captura de uno de los operadores del cartel de los Beltrán Leyva, Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias ‘El Grande’.
Asimismo rechazó que durante la gestión hubiera perseguidos políticos, lo que lo llevó a afirma “nos vamos con las manos limpias”.
Por su parte el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, después de hacer esperar unos 30 minutos a los diputados les presumió que los ingresos propios del estado se triplicaron durante el presente sexenio; al fraude de Coofia le dio carpetazo y justificó que los 34 millones de pesos robados a la dependencia en abril pasado estaban en caja “para contingencias” y no por el periodo electoral.
Destacó también que heredan una deuda de de nueve mil 104 millones de pesos, de los cuales, 705 millones corresponden a los 217 municipios poblanos y dos mil 550 millones al pago de cuotas y servicios del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla.
El tono no cambió con el secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Javier García Ramírez, quien aprovechó la ignorancia de sus anfitriones para justificar retrasos y sobre costo en obras con un “todo es culpa de los constructores informales”.
Imprecisiones de diputados al elaborar cuestionamientos, respuestas superficiales, así como críticas sobre atrasos y encarecimiento de obras, predominaron durante su comparecencia.
En una maniobra maestra, para no dar explicaciones, el funcionario argumentó que no podía otorgar respuestas a algunos cuestionamientos debido a que la competencia recaía en otras dependencias; asimismo se reservó detalles de algunos temas por falta de tiempo o porque la información podía localizarse fácilmente en el área de Transparencia y Acceso a la Información, justificó
Alfredo Arango como secretario de Salud tampoco padeció, por el contrario, dominó a los diputados integrantes de la comisión en la materia y salió bien librado a pesar de las irregularidades financieras, las escandalosas licitaciones nacionales para la compra de equipo, mobiliario, insumos, reactivos médicos–hospitalarios, y la adjudicación directa más de 300 millones de pesos en contratos de servicio de mantenimiento, que se le imputan.
(Con información de Joseline Santos, Liliana Flores, Verónica López y Erick Almanza)
