Recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social divulgó información muy importante para el diagnóstico actual del trabajo infantil en nuestro país. Lamentablemente, hay más de 3 millones de niños mexicanos trabajando y, prácticamente, una tercera parte de ellos tienen entre 5 y 13 años de edad lo cual representa no sólo un lastre moralmente inaceptable sino un crimen contra la infancia.
Cabe señalar que, de acuerdo con la definición oficial de trabajo infantil del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) estas cifras tan sólo dan cuenta de aquellos menores entre 5 y 17 años que desempeñan alguna actividad económica. Por tanto, esta estimación excluye a un grupo potencialmente numeroso de niños y niñas que realizan otras actividades de carácter esencialmente urbano como limpiaparabrisas, cuidadores de vehículos, payasos, malabaristas o cantantes de crucero, pedigüeños, lustradores de calzado, cargadores de bolsas de mandado, empacadores o trabajadores a destajo a cambio de una propina.
También excluye a niños y niñas que desempeñan un trabajo fundamentalmente doméstico. De acuerdo con un Informe reciente de UNICEF, cientos de miles de niñas y niños entre 5 y 17 años dedican muchas horas semanales a actividades que podemos denominar como quehaceres del hogar, con lo que también distorsionan y trastocan lo que debería ser una sana y feliz infancia o adolescencia. Evidentemente tampoco incluye a niños y niñas que son víctimas de la explotación sexual y la prostitución o integrantes de grupos de la delincuencia organizada. De acuerdo con expertos, el incluir a este grupo de niñas y niños en la estadística, tarea muy compleja a nivel técnico, podría arrojar cifras y datos francamente alarmantes.
A esta estadística también convendría sumar a los niños trabajadores inmigrantes quienes, especialmente en el sur del país, son un grupo numeroso que enfrenta un sinnúmero de riesgos.
Aunque en los últimos años se han establecido políticas orientadas a la protección de este sector tan vulnerable de nuestra sociedad ?con las que se logró una reducción en la tasa de ocupación infantil del 12.5 al 10.7%- estamos muy lejos de erradicar esta abominable práctica. Son varias las condiciones socioeconómicas y culturales que hacen posible su supervivencia.
En primer lugar, entidades con bajo desarrollo económico y escaso acceso a la educación básica así como hogares que perciben ingresos de dos salarios mínimos o menos presentan una incidencia considerablemente mayor de distintas modalidades de trabajo infantil.
Ya sea en el trabajo agrícola en las zonas rurales o en el comercio y la manufactura en el ámbito urbano, el 80% de los niños que trabajan pertenecen a familias de muy bajos recursos, escasos niveles educativos y entornos económicamente deprimidos.
Todos ellos enfrentan situaciones que de una u otra manera suponen violaciones a sus derechos humanos, abusos, vejaciones y explotación. Un efecto inmediato y particularmente nocivo tiene que ver con la inasistencia escolar.
De acuerdo con cifras oficiales, 58% de la población infantil ocupada no asiste a la escuela y prácticamente 65% de los niños trabajadores entre 14 y 17 años la abandona para siempre. De esta manera, no sólo detienen abruptamente su desarrollo académico, social y humano sino que limitan considerablemente su capacidad para salir de la pobreza al llegar a la edad adulta.
Además, algunos de sus derechos esenciales consagrados en distintos instrumentos internacionales como los que se refieren a la educación, al juego, la diversión y a crecer en un entorno familiar con afecto y amor, les son sistemáticamente violados. Es también el caso de su derecho al descanso y disfrute del tiempo libre toda vez que el 68% de los niños y las niñas que trabajan se dedican no sólo a una sino a dos o más actividades laborales al día. A eso los obliga una trágica realidad en la cual suelen jugar un papel fundamental.
Muchos de ellos proveen a sus hogares de los recursos necesarios para subsistir. Con frecuencia son niños y adolescentes trabajadores quienes, en comunidades de alta marginalidad, se convierten en jefes de familia con responsabilidades de adultos y, en ocasiones, con los deberes asociados a una paternidad o maternidad prematura.
De nueva cuenta, el estado de México registra uno de los peores índices a nivel nacional en este rubro. La medición más reciente de menores ocupados con un no familiar ?precisamente el grupo que más preocupa- muestra al estado de México como la entidad federativa puntera en la lista. Con un alarmante 12.6% del total de niños trabajando, el estado de México está a la zaga de otras entidades federativas que han puesto en marcha programas exitosos en la materia y presenta una dramática realidad que lamentablemente no ha ocupado a las autoridades responsables en la materia.
En este mismo espacio, y en otras páginas de este mismo diario, hemos venido insistiendo en la urgencia de dar una respuesta eficaz a cientos de miles de niños que en municipios como Chalco, Chimalhuacán y Metepec trabajan jornadas extenuantes para satisfacer las necesidades esenciales de sus familias (Véase la columna publicada el 20 de junio de 2009 y los reportajes de investigación de Martha D. Gómez en distintos ejemplares de Milenio estado de México en ese mes). Sin embargo, las autoridades mexiquenses parecen más interesadas en efectuar costosas giras internacionales, apoyar campañas electorales en otros estados e insistir en una vergonzante promoción de la imagen del Gobernador en el contexto de la próxima sucesión presidencial.
Por tanto, no es ocioso recordar que México se ha comprometido con la comunidad internacional a eliminar las peores formas de trabajo infantil para el 2016 y a eliminar de tajo todas las formas de éste para el año 2020. Aunque falta mucho por hacer, el primer paso esta dado con la creación del Módulo de Trabajo Infantil que con el apoyo de UNICEF ha arrojado el primer diagnóstico y hoja de ruta para combatir este flagelo.
Toca ahora concretar una Reforma Laboral que aborde este tema y a las entidades federativas, de manera especial al estado de México, responsabilizarse de lo que le toca para garantizar una efectiva protección a la infancia que enfatice la educación, la recreación y el desarrollo integral de los menores que trabajan.
