Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional
Después de varios años (sí, años) de haber estado difiriendo con mil pretextos una respuesta concreta y justiciera a la demanda de vivienda de un importante grupo de morelenses organizados en el Movimiento Antorchista, finalmente, en abril del año recién pasado, el gobierno de Morelos les hizo entrega de una superficie adecuada a sus necesidades y ubicada en la comunidad de Alpuyeca, Xochitepec, vecino a Cuernavaca. Para llegar a este resultado, los interesados tuvieron que pasar por verdaderas ordalías; buscar por su cuenta el terreno, localizar al propietario, convencerlo para que aceptara vender y negociar con él, hasta ajustarlo a la medida de sus escasos ingresos, el precio del mismo. Sólo cuando todo esto estuvo resuelto, presentaron su propuesta al gobierno que, así estrechado, no tuvo más remedio que aprobarla. Su largueza alcanzó esta vez, justo es reconocerlo, hasta comprometerse a aportar una parte del costo de la operación. La entrega oficial se hizo en un acto público, pacífico, sin presión de ningún tipo y, como se infiere de lo dicho más arriba, completamente legal, lo que significa que el derecho de los beneficiarios no puede ser objetado por nada ni por nadie, y menos desde el punto de vista jurídico. Por ello, lo que menos esperaban los interesados es que surgiera algún tipo de contratiempo, y menos una oposición rabiosamente agresiva a su derecho de contar con una modesta vivienda y a ubicarla donde mejor convenga a sus intereses y necesidades, tal como lo ordena y garantiza la Constitución General de la República.
Pero se equivocaron. Pocos días después del acto oficial de entrega, apareció un pequeño grupo de mafiosos, amparados (como es ya costumbre, en todo el país, cada vez que se quiere dar barniz de legítimo y de justiciero a cualquier acto arbitrario del poder público) bajo un marbete ?de izquierda?, mismo que objetaba esos legítimos derechos esgrimiendo dos ?razones?. La primera era que la superficie ocupada por los ?antorchos? estaba destinada, según ellos, a una ?obra de interés social?, olvidando de modo flagrante que nadie puede disponer de una propiedad particular, para lo que sea, sin antes haberla adquirido legalmente. La segunda, más brutal y claramente violatoria del tan llevado y traído (por los gobernantes de todo pelaje cuando quieren justificar algún abuso de poder) Estado de Derecho en que se dice que vivimos los mexicanos, era, simple y llanamente, que no querían de vecinos a los ?antorchos?, por tratarse de gente ?criminal y malviviente?. Olvidaron aquí que, en teoría al menos, hay leyes y procedimientos bien establecidos para tratar este tipo de delitos; y que ellos no son nadie para juzgar, sentenciar y proceder a ejecutar la sentencia, por sí y ante sí, a ningún mexicano en pleno goce de sus garantías constitucionales. Pero éste fue sólo el discurso público de los mafiosos ?de izquierda?; sus verdaderas pretensiones se la dijeron en privado a los dirigentes antorchistas: lo que realmente querían era la mitad de la superficie recién ocupada. Así nada más, por sus pistolas, sin haberse despeinado siquiera en la búsqueda del terreno y sin haber puesto ni un peso para pagar la propiedad. Naturalmente que los responsables rechazaron el cínico chantaje.
Poco a poco, al correr del tiempo, se ha ido poniendo cada vez más en claro la verdadera naturaleza del conflicto. Primero, los dirigentes antorchistas fueron convocados por el licenciado Jorge Morales Barud, secretario de Gobierno, para ?negociar? (¿¡) con los opositores; y, para su sorpresa, la ?negociación? consistió en el respaldo absoluto del alto funcionario a la abusiva demanda de los ?izquierdistas?. Como la respuesta de los afectados fue la misma, el conflicto se ha ido escalando en sus dos vertientes. Por parte de los mafiosos, las amenazas han subido de tono; han llegado a poner fecha para que los ?indeseables antorchos? salgan de su legítima propiedad o, en su defecto, dicen, entrarán a sacarlos ?a como dé lugar?. Se trata de un amago público y de un desafío al Estado de Derecho y a las instituciones encargadas de hacerlo valer y respetar, cuyo carácter delictuoso no puede escapársele a nadie, salvo a quien cierre oídos intencionalmente. Cualquiera esperaría, en consecuencia, que el gobierno de Morelos interviniera de inmediato para poner las cosas en su lugar. ¡Pero no! En vez de ello, en la otra vertiente, la Secretaría de Gobernación, responsable por ley de garantizar la paz pública, se ha sumado a la presión de los mafiosos al exigir a los antorchistas que abandonen su propiedad ?para evitar violencia? (¿¡). No se ha quedado allí. Ha mentido a los medios diciendo que han ofrecido a los antorchistas una reubicación ?ventajosa? en un mejor terreno, mientras a los interesados los urge a que acepten ?la devolución del dinero invertido? para que cada quien busque vivienda como pueda.
Esto es inaudito. Lo es porque implica un doble atropello. Primero, pasando por encima de la ley, se intenta despojar a gente humilde de lo que ya es legalmente suyo; segundo, se busca disolverlos como grupo organizado, obligándolos a buscar una solución individual a su problema de vivienda. Con esto se atropella, y de modo flagrante, el derecho de libre asociación y organización garantizados en los artículos octavo y noveno de la Constitución General de la República. El antorchismo nacional denuncia estos graves e intolerables abusos de poder y violación de la ley, y manifiesta su más firme decisión de apoyar y defender, hasta donde pueda y sea necesario, a los antorchistas de Morelos. Por principio de cuentas, rechaza enérgicamente las amenazas de violencia contra sus compañeros, vengan de donde vengan, y responsabiliza directamente al gobierno del estado por su seguridad. Exige, en seguida, que se respete su derecho de propiedad, su derecho a la libre elección de domicilio y las garantías de organización y asociación de los pobres de Morelos. El apoyo nacional se hará sentir en la forma en que lo demanden las circunstancias. Que nadie lo dude.
