Es indignante observar el desempeño de los diputados poblanos quienes no tienen la mínima noción del derecho.
Me explico, como es posible que después de emitir una convocatoria para elegir a un comisionado de la CAIP, donde en ningún apartado se estipula que debe haber una participación mínima para llevar a cabo el proceso, y siendo que en la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del estado de puebla tampoco estipula que a falta de un comisionado y su suplente se deberá de llevar a cabo el procedimiento del artículo de la misma forma que para elegir a un comisionado propietario por el periodo de seis años, ya que es una situación extraordinaria para cubrir solo el periodo restante, cancelen el proceso.
Además con independencia de lo anterior, si la propia convocatoria no lo señala, se debe de elegir de entre las propuestas a quién cumpla con los requisitos, incluso si sólo es una persona, para después emitir si otra convocatoria pero para elegir al suplente, toda vez que de otra forma se hubiera descrito en las requisitos que cada persona se inscribiera al proceso con su respectivo suplente.
Esto es una violación grave al pacto internacional de derechos civiles y políticos (artículo 25) en perjuicio de los candidatos y fácilmente impugnable ante las instancias competentes, en razón de, tampoco, siquiera haber acordado la elegibilidad de los mismos y darles la oportunidad de escucharlos, declarando de forma injusta “desierta” una convocatoria (significado de “desierta”, vacío de gente, que no cuenta con persona alguna).
Es aberrante observar como un Organismo ciudadano se despedaza en credibilidad al no tomar con profesionalismo desde su integración hasta la actuación de los actuales comisionados, tibios y sujetos al poder ejecutivo, que no han alzado la voz ni iniciado procedimientos mediante oficio para exigir al congreso la designación del comisionado faltante; aunque como ya es visto, si una comisionada fue electa de forma ilegal al ser titular de una Dependencia municipal y el otro a las órdenes de Charbel Setefan Chidiac, no se podía esperar de ellos una reacción para defender los intereses de la tan denostada CAIP.
Ofrezco mis servicios de forma gratuita en defensa del derecho a la información para que si alguno de los participantes requiere ampararse contra la decisión del congreso tenga un mecanismo efectivo, con jurisprudencia internacional, para hacer valer sus derechos.
Francisco Alameida
Doctor en Derecho
Pontificia Universidad Católica Argentina
Investigador Derecho a la información
Francisco_alameida@yahoo.com.ar
