El pasado viernes 20 de noviembre, los principales medios de comunicación de la capital poblana dieron la noticia -a ocho columnas- de que vecinos de Guadalupe Tecola habían evitado, mediante acción armada, la invasión de sus parcelas, supuestamente por parte de antorchistas; gresca que dejó como saldo 14 personas lesionadas. El cuerpo de la nota no se corresponde, para nada, con el título de la misma, y la referencia a Antorcha Campesina aparece metida con calzador. Hubo periodistas que, en el colmo del abuso de la “pluma”, se atrevieron a justificar la acción de los ejidatarios e invitan al gobierno a actuar de igual manera, para demostrar que no están aliados con Antorcha y que no le temen.
Estoy tan acostumbrado a leer iguales o peores despropósitos, que no le prestaría mayor importancia a dicha noticia, si no encerrara varios mensajes peligrosísimos para la vida democrática del estado y para el trabajo político de Antorcha Campesina. Creo no equivocarme, al señalar que el hecho de que los ejidatarios de Guadalupe Tecola hayan desalojado, a mano armada, a miembros del Frente Nacional de Apoyo Mutuo (que son los únicos y auténticos” invasores”), es un acto totalmente fuera de la ley, que nadie en su sano juicio puede convalidar, trátese de quien se trate y cualquiera que sea el motivo.
Hacerlo como lo hicieron los “sesudos” analistas poblanos es declararse adorador de la anarquía y de la ley del talión; doctrinas que convalidan el desorden total y justifican el derecho del individuo a hacer justicia por propia mano, provocando un caos social y la total ausencia de relaciones pacíficas entre los individuos. El acto ilegal en el que incurrieron los ejidatarios sólo pudo ser realizado y encontró apoyo mediático, porque fue orquestado desde las altas esferas del gobierno, que vieron, en el ataque armado, una forma de cobrar “dulce venganza”, en contra de los antorchistas, que duramos ya 6 meses y 11 días frente a Casa Aguayo, exigiendo solución a acuerdos pactados con el gobernador (desde hace más de 2 años), y como una forma de hacerse de terrenos, para seguir creando grandes fraccionamientos, que han dejado enormes ganancias a muchos funcionarios del gobierno.
La falta de castigo en contra de los agresores es la prueba más contundente. En resumidas cuentas, el gobierno implementó una acción armada para liquidar a los “invasores”. Se trató de una acción criminal, que los medios se apresuraron a justificar, presentando una acción totalmente ilegal, como una reivindicación de los ejidatarios de Guadalupe Tecola. Esa es la única razón que explica tanta prisa por hacer creer a la opinión pública que, por fin, los antorchistas habíamos recibido nuestro merecido castigo.
Alguien pudiera pensar que exagero o que el “miedo” me “hace ver moros con tranchetes”. Para quien piense así, le recuerdo que, dos días antes de este suceso, La Jornada de Oriente, periódico al servicio del Gobierno del Estado, dio cabida -una vez más en sus páginas- al borracho, violador, tratante de blancas y vocero del gobierno en turno, Fernando Cuellar, para acusar a nuestra organización de “narcotraficante”.
Tenemos como experiencia que un ataque en La Jornada de Oriente es el anuncio de otros más graves. Los asesinatos de antorchistas, ocurridos en Huitzilan de Serdán, han sido precedidos por noticias infamantes, aparecidas en dicho diario, que busca “justificar” las acciones de los matarifes de la UCI, apoyados, cobijados y dirigidos por La Jornada de Oriente. Hoy no podía ser la excepción. Con esas calumnias se iniciaba una campaña para justificar la agresión que se preparaba en nuestra contra y que sufrieron otros precaristas, confundidos con antorchistas. Los servicios de inteligencia mostraron su eficacia. No hay, por tanto, ningún aspaviento, el Gobierno del Estado tiene diseñada una política represiva en contra de Antorcha, incluyendo la desaparición física de sus miembros.
Sólo por esta razón me ocupo de los sucesos de Guadalupe Tecola. Y ésta es también la única razón que me lleva a denunciar el papel tan degradante que algunos medios y periodistas juegan en la implementación de esta política represiva: la de encubridores de un gobierno que atenta contra la vida de luchadores sociales honrados, contra la libertad de organización y, por tanto, contra la posibilidad de los pobres de aspirar a una vida mejor. Tanta podredumbre y corrupción están asfixiando al estado y al país. Por salud pública, esto debe terminar.
