Grupo Editorial Status se solidariza con el periodista Javier Arrellano, quien es víctima de la persecución impune del poder. Desde aquí un abrazo y la reproducción de su columna en el periódico El Columnista de este viernes:
No tengo secretos con mis lectores.
Ustedes son mi conciencia social. Todo lo saben de mí.
Hoy tengo que compartir con ustedes este episodio difícil por el que estoy atravesando.
Al momento de escribir esta columna lo hago con un amparo constitucional al lado de mi computadora.
Desde hace unos días fue advertido por mis fuentes (siempre privilegiadas) que en la Procuraduría de Justicia se estaba cocinando una denuncia en contra de este columnista por publicar la crónica de un secuestro ocurrido el día lunes 12 de octubre.
Esta historia es la evidencia de que la justicia poblana simplemente no ha evolucionado desde el caso Lydia Cacho.
El mayor escándalo mediático y el más costoso litigio que haya visto Puebla se dio a raíz de la aprehensión arbitraria y prefabricada de una periodista. Sin embargo hay agentes políticos y ministeriales que simplemente no entendieron una lección que a Puebla le costó cientos y cientos de millones de pesos.
Porque eso fue lo que costó la defensa mediática y jurídica. Y nada de eso sirvió.
Al contrario, las intimidaciones se han recrudecido.
En las últimas semanas se han documentado claras agresiones policiacas y fabricaciones de delitos en contra de comunicadores.
El jueves 19 de noviembre el portal e-consulta dio puntual tratamiento a la detención arbitraria de 2 periodistas de Teziutlán Braulio Antonio Santos Toribio y Vicencio Ortiz Libreros quienes denunciaron que fueron detenidos el miércoles 28 de octubre de manera injustificada por policías ministeriales adscritos a la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Diedo).
Santos Toribio denunció que previamente, el 21 de octubre, los agentes lo agredieron física y verbalmente y lo privaron de su libertad al “confundirlo” con un presunto delincuente.
Los agredidos presentaron una denuncia penal ante el agente del Ministerio Público la cual fue radicada con el número 1727/2009 en la que relataron que los policías ministeriales los obligaron a bajar de su vehículo que se encontraba estacionado en la calle Bravo, entre Lerdo y Allende (cerca del reclusorio de Teziutlán).
Una vez fuera del automóvil los amagaron y golpearon.
A pesar de que el comandante Eduardo Estévez les advirtió a los agentes que habían detenido a las personas equivocadas, Santos Toribio y Ortiz Librero fueron trasladados a los separos de la Policía Ministerial, donde continuó la golpiza y las amenazas para que no denunciaran los hechos.
Tras presentar la queja, los agentes ministeriales se comunicaron con los quejosos para ofrecerles dinero y reparar el daño.
Acordaron un encuentro el día 28 de octubre, en el que supuestamente llegarían a un acuerdo, sin embargo al llegar al lugar propuesto los periodistas y su abogado Rogelio Carlos Plata fueron detenidos de nueva cuenta y trasladados a la ciudad de Puebla, acusados de “Delincuencia Organizada”.
A los periodistas les fue fabricado el delito de “Chantaje”. Un supuesto “Chantaje” con declaraciones y testigos falsos, con una escena montada y con todo el dolo habido y por haber. Hasta el momento los periodistas siguen detenidos.
Colegas y familiares de los afectados enviaron una carta al gobernador Mario Marín en la que le piden su intervención para poner en libertad a los comunicadores.
Este es el ambiente de persecución contra periodistas que se ha desatado en las últimas semanas.
La historia del agravio contra este columnista es la siguiente.
El día 12 de octubre un sujeto llamado Samuel Cruz Rodríguez quien vive en Tehuacán y es Gerente de la caja de ahorros denominada “Banpeco” fue secuestrado a la salida de la otrora Ciudad de las Granadas.
Un comando armado lo bajó de su vehículo junto con 3 acompañantes.
Desde el mismo día lunes 12 de octubre tuvimos conocimiento de una fuerte movilización de elementos ministeriales. También supimos que se trataba de un secuestro.
Frente a hechos de esta naturaleza nuestra ética y responsabilidad es clara. No podemos, ni debemos publicar nombres o datos de un secuestrado mientras el plagio esta ocurriendo.
Samuel Cruz fue liberado 48 horas después; luego de una balacera ocurrida en Tecamachalco y en Tlacotepec de Juárez. Un intercambio de fuego que duró media hora entre miembros del Crimen Organizado y corporaciones policiacas.
El jueves 12 de noviembre el periodista Alfonso Ponce de León Salgado publicó en el diario Intolerancia una crónica estremecedora y brutal sobre esos hechos.
Con el oficio periodístico de siempre Ponce de León reveló datos sobre el desarrollo del plagio, las condiciones del cautiverio, las negociaciones y el rescate de Samuel Cruz Rodríguez.
Esta crónica fue fielmente reproducida el día sábado 14 de noviembre en las páginas de la revista “Fin de Semana, El Semanario de Tehuacán” publicación de la cual soy editor responsable.
La crónica narra detalles como el hecho de que Samuel Cruz se orinaba frecuentemente durante su captura.
Fue esta narración lo que irritó a Cruz Rodríguez quien inició una formal querella en contra de este columnista. Por supuesto con el apoyo y el respaldo de altos funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado.
La publicación de esta crónica debemos inscribirla dentro de dos premisas fundamentales y torales en el Estado de Derecho: la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.
El secuestro de Samuel Cruz es un hecho de interés público porque la sociedad tiene el derecho de ser informada sobre estos acontecimientos. La sociedad tiene el derecho de saber y conocer el ambiente y la atmósfera de alta peligrosidad en que vivimos.
Estamos trabajando dentro de un estricto apego al Derecho a la Información. Como periodistas no podemos ocultar u omitir estos hechos que lesionan a la sociedad. Es parte de la responsabilidad social de un periodista publicar estos acontecimientos.
Nunca cometimos delito alguno.
Empero en estos momentos la Procuraduría de Justicia se está prestando al juego de Samuel Cruz Rodríguez quien no esta buscando quien se la deba, sino quien se la pague.
Cruz está en búsqueda de una venganza personal en contra de este columnista. Y hay funcionarios ministeriales que por oscuros intereses lo están secundando.
De frente a la conciencia moral que son nuestros lectores debemos decirlo: los deseos de venganza de Samuel Cruz Rodríguez ni nos intimidan, ni nos amedrentan.
Seguiremos adelante en nuestra labor periodística.
Si la justicia del fuero común se presta a los caprichos de un nuevo rico fiel émulo de Guicho Domínguez, adelante. Allá ellos.
Recurriremos a la justicia federal. Por eso escribimos esta columna con un amparo constitucional junto a la computadora.
Esa es la fotografía que queremos mostrar: la de un periodista que informa a la sociedad poblana con un amparo junto a su instrumento de trabajo.
Seguiremos adelante. Tenemos mucha información sobre Samuel Cruz Rodríguez.
Sabemos de sus ostentosos desplantes de nuevo rico, sabemos de sus ínfulas de magnate (por eso lo secuestraron), sabemos de los “antecedentes jurídicos” que dejó luego de ser empleado de una institución bancaria.
Sabemos de su vida.
Si Samuel Cruz y sus protectores dentro de la Procuraduría pretenden intimidar a este columnista están muy equivocados. Ni nos intimidan, ni nos amedrentan. Seguiremos adelante con nuestra labor informativa.
Samuel Cruz debería estar más preocupado por otros asuntos mucho más delicados. Y es que el Crimen Organizado y en particular el Cartel de “Los Zetas” saben que la denuncia en contra de ellos provino precisamente de los teléfonos de Cruz.
“Los Zetas” saben perfectamente quién estuvo detrás de todo. Y sinceramente no creo que lo vayan a olvidar de manera fácil.
Ahora si lo que pretenden es fabricar un delito tal y como lo hicieron con los periodistas de Teziutlán, aquí damos constancia de esto.
De manera pública hago responsable a Samuel Cruz Rodríguez de cualquier situación que ocurra en mi contra.
Públicamente lo hago responsable de cualquier delito que pretenda inventar o fabricar en nuestra contra.
Recurriremos a la justicia federal y a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar los actos dolosos y prefabricados que se comentan.
Seguiremos adelante.
cupula99@yahoo.com
