Hace algunos días me enteré, por la síntesis de prensa que diariamente me envía la oficina de publicaciones del Movimiento Antorchista Nacional, de la “respuesta” que un periodista poblano, de ésos que honran la profesión por su limpieza moral y por la nobleza de las causas que defienden, de cuyo nombre (para decirlo con la elegancia de Cervantes) no quiero acordarme, da a una “Carta aclaratoria” que, en uso del derecho de réplica, envió previamente al diario respectivo el jefe de la oficina de prensa del antorchismo poblano, licenciado Lautaro Córdova Delgado. Por falta de tiempo, no he podido leer directamente la carta de Lautaro, pero, por el tono y el contenido de la airada respuesta del periodista, se colige con bastante certeza que se limitaba a hacer algunas precisiones y a desmentir ciertas acusaciones, imputaciones e inexactitudes hechas en nota anterior por el periodista de marras, que tampoco he podido conocer textualmente ni creo que haga falta para el caso. Y así le fue a Lautaro. Obtuvo lo que se obtiene siempre que se pide rectificación y enmienda, en nombre del profesionalismo, la honradez intelectual y el respeto por la verdad a gente que escribe y ataca por encargo, porque le pagan para ello y tiene, por tanto, que desquitar cumplidamente “el salario de la ignominia”. En vez de las pruebas fehacientes que pedía, Lautaro recibió nuevas y más viscerales acusaciones, aunque igualmente infundadas; en vez de una rectificación de juicios y conclusiones injuriosos y gratuitos, nuevas imputaciones más agresivas y groseras que las anteriores; en vez de retirar, o argumentar en su caso, calificativos torpemente infamantes, nuevos insultos cortados en el florido jardín verbal del señor periodista en mención, que para eso estudió (supongo) Periodismo y Ciencias de la Comunicación.
Pero lo que ya resulta, más que indignante, realmente cómico, es que el reportero, con una desvergüenza que raya en el candor, trate de lavarse las manos, como un Poncio Pilatos de huarache, afirmando que no es él quien injuria, ofende y calumnia, porque no es juez ni tiene alma “de verdugo”; que los responsables del baño excrementicio que propinó a los antorchistas poblanos, en castigo por su terquedad en la defensa de los derechos de los más desvalidos, y a su jefe de prensa, son los propios antorchistas, que así se quejan y denuncian los abusos y tropelías de que son víctimas por parte de sus dirigentes. Y se apresura a informarnos ¡naturalmente!, que no puede revelar los nombres de los quejosos porque éstos “temen represalias” del ogro antorchista que los tiene explotados y aterrorizados. Y remata la faena con un “capotazo” de antología: es derecho de todo periodista reservarse, dice, por razones profesionales, la identidad de sus fuentes informativas. El señor está convencido, por lo visto, de que trata con tarados o con niños de pecho, a quienes se puede engañar dándoles a chupar su propio dedo en vez de biberón. Pero se equivoca; los antorchistas ya estamos bastante creciditos (acabamos de celebrar 35 años de honrosa y honrada lucha al lado de los pobres de este país) y conocemos perfectamente bien este desteñido y desgastado truco; sabemos que es, en el 99 por ciento de los casos, una burda maniobra para poder decir, bajo el cobarde anonimato que así se genera, todo tipo de injurias y mentiras sin incurrir en responsabilidad. Por eso, y sólo de pasada, le aconsejo a Lautaro que no pierda el tiempo pidiendo rectificación en nombre del honor a quienes, según dijo el poeta Ismael de la Serna, han caído, por dinero, en un pozo de ignominia tal, que “hasta el nombre del honor ignoran”.
Pero, después de sufrirlos durante 35 años defendiendo a los pobres, este tipo de ataques mercenarios ya no nos ofenden ni causan resquemor. Si hoy me ocupo de un fulandriaco semejante, es porque su ataque forma parte de la batahola mediática levantada por ciertos anuncios (de ésos que llaman “espectaculares”) que, se dice, colocaron los antorchistas poblanos, en plantón desde hace ya casi cinco meses, denunciando la injusticia y la ilegalidad que ese trato oficial encierra. No he tenido oportunidad de ver personalmente tales “espectaculares”; pero, a pesar de ello, puedo asegurar, porque conozco a los míos, que no dicen ni la centésima parte de injurias que los plumíferos a sueldo del gobernador Mario Marín han dejado caer sobre nosotros, a pesar de lo cual, el coro de guacamayas mediáticas en nómina se nos ha dejado venir con todo; y, aprovechando ese ruido pagado por ellos mismos, el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, ha salido a declarar, una vez más, que se está sopesando la posibilidad de desalojar el plantón a mano armada. Tampoco en esto hay novedad; sólo se confirma el viejo principio que reza: “Cuando los poderosos no tienen la razón, no les queda más recurso que recurrir a la fuerza”. Y ése es, justamente, el caso del gobierno del licenciado Mario Marín.
Es, ciertamente, un artilugio que suena bien, apalear a la gente y luego justificarse diciendo que se hizo “para garantizar los derechos de terceros”. Pero, ¿y los derechos de los “segundos”, de los apaleados? ¿Ésos qué? ¿Es que el gobierno sólo está para garantizar el libre tránsito de los automovilistas y la buena marcha de los negocios de los adinerados, aunque el resto de la gente, el verdadero pueblo, se muera de hambre, de enfermedades y de ignorancia? Y el error no sólo reside en esta parcialidad brutal; también yerran los tiranos porque olvidan, o desconocen, que la razón, la justicia elemental, el derecho humano a la vida, a la salud y a la educación, cuando encarnan en el pueblo, cuando éste los hace suyos y los convierte en carne de sus carne, dejan de ser razón “pura”, derecho “puro”, para transformarse también en una fuerza, y en una fuerza tal, que nadie es capaz de derrotarla. Ya lo dijo alguien en síntesis exacta: “Cuando un ejército, por poderoso que sea, combate contra un pueblo, será indefectiblemente derrotado”.
