No sólo en el siempre inestable mundo de las finanzas se cuentan historias de arteros fraudes cometidos en contra de quienes confiaron todo su patrimonio a un grupo de vivales, elegantemente llamados “delincuentes de cuello blanco”, que en realidad no son más que una pandilla de vulgares sinvergüenzas disfrazados con camisas Gucci y trajes Zegna.
En la rama inmobiliaria también se cuecen habas.
Cada vez son más los que se aprovechan de la aspiración legítima de miles de poblanos de contar con una vivienda propia para enriquecerse, sin que las leyes vigentes sirvan en los hechos para que los afectados puedan recuperar lo perdido.
En Puebla, la empresa ANPISA, propiedad de Francisco Pini García y su esposa, Rosa Angélica Leyva Palma, es un claro ejemplo de lo anterior.
La constructora y desarrolladora inmobiliaria fue la encargada de la realización del fraccionamiento Arboledas de Saint Germain, ubicado en San Pedro cholula, el cual está plagado de irregularidades.
Los fraudes se operaron de la siguiente manera:
Para la compra de una vivienda, de un precio promedio de cerca de 720 mil pesos, se solicitaba un anticipo que variaba de acuerdo con la capacidad de pago del cliente, pero que como mínimo tenía que cubrir el 20% del valor total de la casa.
El dinero tenía que ser depositado a la cuenta 0147282753 de Bancomer para que se procediera a la ocupación inmediata de la vivienda.
El resto, era financiado a través de una apertura de crédito operada por la misma empresa y que fue otorgada en enero de 2002 por Sociedad Hipotecaria Federal, representada en el convenio firmado con ANPISA por Hipotecaria Nacional SA de CV, con el cual la constructora pudo acceder a la cantidad de 31 millones 486 mil pesos.
Las mensualidades restantes se depositaban en la cuenta 4014875629 de HSBC, a nombre de la misma constructora.
Hasta ahí, todo bien.
El problema aparece cuando alguno de los clientes, que optó por plazos cortos de crédito para evitar endeudamientos de 15 o 20 años, termina de pagar el crédito, liquida la deuda e inicia los trámites correspondientes para la escrituración de su propiedad.
Es entonces cuando el fraude se descubre.
Resulta que, a pesar de estar 100% pagadas, las viviendas liquidadas no pueden ser recuperadas porque permanecen todavía hipotecadas por Bancomer, como garantía del crédito que Hipotecaria Nacional en su momento le otorgó a ANPISA para la construcción del fraccionamiento.
El procedimiento es muy común en el ramo inmobiliario, siempre y cuando las empresas cumplan con el compromiso de ir liquidando las hipotecas de las viviendas dadas en garantía, en el justo momento en que terminan de ser pagadas y que no exista ninguna limitante que impida la escrituración de las mismas.
Así no ha sido en el caso de ANPISA, que de plano se ha negado a pagar las hipotecas, lo que faculta legalmente a Bancomer a tomar posesión de los inmuebles a pesar de que por justicia les pertenecen ya a los clientes que las compraron.
Sobra decir que en el contrato de compra-venta, jamás se señala que los inmuebles se encuentran gravados por haber sido otorgados como garantías de un crédito.
En este contexto ¿qué dicen los representantes de la empresa?
Nadie sabe dónde están, ni Fernando Vázquez Valdivia, supuesto “Asesor Inmobiliario” de ANPISA, ni Fernando Vázquez Cárdenas, quien se ostentaba como “Gerente de Ventas y Atención al Cliente”, operadores del fraude.
Vía telefónica, la abogada de la constructora, Armida Ramírez Martinez, se dedica sólo a recitar una serie de argucias legales sin fundamento, que intentan desmarcar a sus jefes, pero que no explican en realidad el por qué un ciudadano que pagó al cien por ciento una propiedad, no puede acreditarla jurídicamente con la escritura correspondiente.
¿Y los dueños de la empresa?
En el ramo inmobiliario se asegura que Francisco Pini García, autor intelectual de todo esto, se encuentra prófugo en Canada, anticipando la bomba de tiempo que no tarda en estallar, no sólo en el caso del fraccionamiento Arboledas de Saint Germain, sino en otros más que inclusive podrían poner en riesgo su libertad.
Por su parte, la representante legal de la empresa, Rosa Angélica Leyva Palma, se encuentra en Puebla liquidando los activos familiares restantes, entre ellos, el ubicado en Avenida del Bosque 6175 de la colonia Patrimonio, en donde operaron por años las oficinas de ANPISA y la casa con dirección Río Papaloapan 5705 de la colonia San Manuel, aparentemente su domicilio particular.
Sobre este caso, existen sendas denuncias ante Profeco y por la vía penal, averiguación previa que se lleva en el MP de San Pedro Cholula.
¿Se hará justicia o, como en el caso de financiera Coofía, las autoridades sabían del apestoso tufo del fraude y prefirieron guardar silencio?
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