El “rescate” que pretende hacer el gobierno marinista de los miles de defraudados por Coofia, tiene pros y contras, según el cristal con que se mire. ¿Si quiebran otros negocios similares, también entrará al quite? ¿Seguirá disponiendo de recursos públicos para resarcir el daño?
Ahora sólo falta que constituya un símil de Fobaproa, para toda víctima de negocios que ofrecen altísimos intereses, siempre a costa de dinero público.
Y es que tan solícito está el gobierno estatal que ha puesto a disposición de los engañados todo el aparato vía la Procuraduría del Ciudadano para proceder a las demandas respectivas; además, que busca generar un fondo para que cubrir parte del dinero a las víctimas.
Dicho rescate será a costa del erario público, es decir a costa de los impuestos que pagamos los poblanos.
Recursos que pagamos unos serán utilizados para cubrir las trapacerías de otros.
Es cierto la gran mayoría de los defraudados por Coofia son personas de escasos recursos, jubilados, adultos mayores o indígenas que confiaron en las promesas de altísimos rendimientos, arriesgaron todo su patrimonio y ahora se quedaron si nada. Pero si depositaron su confianza en ese negocio fue porque alguien más lo recomendó.
Por su parte Sitma e Invergroup, entre otras empresas, se mantienen como verdaderos “ostiones” para dar información, pero las quejas se acumulan por pagos diferidos o no cumplidos en tiempo y forma a los clientes.
El mal ejemplo del gobierno puede cundir.
La intervención en el caso de Coofia lleva ya más de mil denuncias levantadas, más las que se acumulen. Y las inversiones se calculan en miles de millones de pesos.
Y ahora que se ha generado tal expectativa, no faltan otros defraudadores: pseudoabogados que ofrecen a las víctimas intervenir ante gobierno para que “sean los primeros en recuperar su dinero” Claro, les hacen firmar un contrato de servicios para cobrar un porcentaje según lo que recuperen de su inversión.
Por lo visto el gobierno local trata de tapar un hoyo y ya está generando otro.
De una u otra forma las tres empresas mencionadas fueron “avaladas” tanto por el gobierno estatal como por el municipal, pese a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni Hacienda las autorizaron para recaudar dinero ni pagar intereses, plusvalías, penas convencionales o rendimientos al público en general.
¿También el gobierno entrará al quite, defenderá y buscará crear un fondo para resarcir parcialmente el daño a los defraudados de otros negocios?
¿Es remordimiento de conciencia su intervención?
¿Inversiones en puerta?
Según el subsecretario de Industria en el estado, Charles Mtanous, cuatro empresas extranjeras están pendientes en decidir si se instalan o no en Puebla que significaría inversiones por más de 200 millones de dólares.
Asegura que son de lo sectores de servicios, metalmecánico y automotriz, algunas incluso podrían irse al parque industrial La Célula.
Esto, dijo, independientemente de los “amarres” que logró su jefe José Antonio López Malo de las reinversiones de Sudchiem y HUF, y de la aceptación de un proveedor de autopartes europeo para ubicarse en tierras poblanas.
Según el funcionario, Puebla tiene ventajas sobre Guanajuato, Chiahuahua, Michoacán o Hidalgo, por la seguridad pública que hay, la oferta de mano de obra capacitada y calificada ante la abundancia de instituciones de educación superior, y las zonas industriales que existen con los servicios que requieren las empresas.
socole@prodigy.net.mx / balanceenlinea@hotmail.com
Consulte la revista electrónica www.balance-financiero.com
