El más impune tráfico de influencias se desarrolla en la zona de Lomas Angelópolis, donde prolifera una red de corrupción en tribunales, a través de los cuales se permite el despojo, las amenazas y otros delitos para apoderarse de tierras.
Lomas de Angelópolis es un elegante fraccionamiento que se desarrolla sobre predios que se han adquirido, en gran parte, mediante prácticas delictivas que involucra a magistrados, jueces, notarios, agentes del ministerio público, autoridades municipales y personajes de la política.
Los principales beneficiarios de esta próspera industria de la impunidad son los hermanos Rafael y Gabriel Posada Cueto, quienes en este sexenio cuentan con el respaldo del constructor Edgar Nava, quien en un pasado juicio permitió que familiares se presentaran ante la justicia federal como funcionarias de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Hostigan legalmente a quienes se oponen a la venta de sus predios.
Los empresarios, Posada Cueto y Nava presumen contar con el apoyo del gobernador y además ser los virtuales coordinadores de la campaña financiera del priísta Javier López Zavala.
La historia no tiene desperdicio. La propietaria de dos terrenos hoy se enfrenta a la prepotencia de Los Posada, quienes anexaron los predios sin autorización a su fraccionamiento de Lomas de Angelópolis, mediante la construcción de una barda perimetral.
Cuando fue a ver sus terrenos en uno de ellos ya habían construido y mantienen la posesión ilegalmente, pues habían ya edificado los clusters Cairo y Victoria, incluso para evitarle entrar, pusieron malla en los accesos de las casetas de esos fraccionamientos y colocaron seguridad privada de la empresa Chimalli.
Para presionar y complicar el asunto promovieron denuncia por supuesto delito de falsificación de acciones, obligaciones y otros documentos de crédito público entre propietarios anteriores, esto debería ser desechado de entrada porque había prescrito el supuesto delito, pero gracias a la corrupción de la Ministerio Público de la Primera Mesa de trámite turno matutino en San Andrés Cholula, María Emma de la Luz Saavedra, mandó inscribir en el Registro Público de la Propiedad una anotación que impedía vender el bien mientras “durará la investigación”.
Simplemente para quitar este ilegal aseguramiento hecho por la ministerio público le llevó un año a la afectada ganar el asunto a través de dos amparos que le otorgó la Justicia Federal uno en el Juzgado 4º que se ganó sólo para efectos en el cual llegaron a presionar a la Juez, la mamá y la hermana de Edgar Nava ostentándose como funcionarias de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y el amparo 012/2009 del Juzgado 6o. que acaba de ganar tanto el juicio como su revisión.
La afectada además promovió ante el Ayuntamiento de San Andrés Cholula un recurso administrativo para detener la construcción ilegal en su terreno en el que tuvo que recurrir a la Justicia Federal para que obligara al Síndico Municipal Gildardo Toxtle Tecpanecatl a contestar mediante el Juicio de Amparo 719/2009 del Juzgado 2º, pues el presidente municipal David Cuautli ni siquiera le ha concedido el derecho de audiencia y a decir de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología les ha comentado que no procedan contra los Posada pues lo ayudaron mucho en su campaña.
Gracias al apoyo del alcalde se ha alargado absurdamente el proceso durante ¡1 año! para favorecer a los Posada Cueto a pesar de que el propio Ayuntamiento ha reconocido por escrito que están construyendo en un terreno que no es de su propiedad y obviamente no tienen permiso para construir ahí, lo que de acuerdo al propio Reglamento de Construcción Municipal llevaría a la demolición de lo construido.
La colusión entre el munícipe y los Posada es tal que una patrulla del propio Ayuntamiento se encuentra permanentemente realizando labores de vigilancia en Lomas de Angelópolis.
A decir de los propios funcionarios municipales los Posada ni siquiera tienen que pagar las ridículas tarifas especiales que les otorgó el anterior alcalde, Omar Coyópol, y que les siguen pagando a Cuautli, pues muchas obras que realizan para uso del Fraccionamiento, como el puente vehicular que pasa por encima del Periférico, las “descuentan” de los permisos que tienen que pagar.
Además para ayudar a los Posada a que los compradores de lotes construyan pronto y no se vea vacío el Fraccionamiento le cargan un 80% más de predial al propietario que no haya construido.
En el otro terreno no les dio tiempo de tomar la posesión, pero le promovieron a través de terceros un juicio para tratar de quitarle la propiedad. Fue el Juicio de Amparo 522/2008 del Juzgado Sexto de distrito. Ya también se ganó la revisión del mismo asunto.
Es práctica común de los Posada Cueto buscar en los antecedentes de la propiedad con la que pretenden quedarse, de entre los mismos campesinos, a quien pueda tener un interés jurídico en los terrenos, los corrompen con una cantidad de dinero para usar su nombre y así ellos ni aparecen en el proceso, en muchas ocasiones no importa que la acción legal intentada no tenga fundamento real pues hay propietarios que por no tener su documentación bien, por no meterse en problemas o por no tener dinero para defenderse pierden el terreno, en caso que el legítimo propietario se defienda para eso tienen autoridades cómplices que los ayudan o que presionan a otras autoridades a nombre del Gobierno del Estado.
De todo lo mencionado hay la correspondiente documentación legal.
Otra de las tácticas de presión empleadas por estos personajes es avasallar a la gente mediante el bloqueo de los accesos tradicionales a sus propiedades, construyendo bardas, abriendo zanjas, poniendo piedras, invadiendo el derecho de vía del Río Atoyac y el arroyo llamado Atoyac el chico, sobre los cuales por cierto han rellenado y modificado peligrosamente los cauces naturales, privando así a la gente de su derecho de libre tránsito como se puede ver en el puente vehicular y peatonal llamado Hacienda El Bocito que pasa por encima de la Vía Atlixcáyotl.
Han secuestrado el derecho de vía federal construyendo una barda sobre el arroyo Atoyac el chico, poniendo además seguridad privada para impedir el paso, como si fuera de su propiedad.
De tal manera que el único acceso que se puede tener es a través de sus casetas de vigilancia, situación absolutamente inconstitucional.
El continuo acoso le ha obligado a la afectada a mantener vigilancia las 24 horas en el terreno, con el consiguiente costo, además es continua la presión a través de mensajes anónimos amenazándola a ella y a su familia de meterlos a la cárcel o incluso de mandarlos matar si no acepta lo que Rafael Posada “le quiera dar”.
“Detrás de todas las amenazas siempre hay una referencia a contar con el respaldo total del Gobernador Marín, del Procurador y de la Justicia, lo que podría ser cierto a juzgar por las personas que le operan sus asuntos”, apunta la quejosa.
EL MODUS OPERANDI
Desde hace varios años, se han suscitado una serie de procesos judiciales ilegales que siguiendo un mismo patrón de conducta han terminado en que diversos predios han sido incorporados a dicho fraccionamiento después de que aparecen escrituras que, emitidas dolosamente, suplantan indebidamente a anteriores títulos de propiedad, muchos de ellos de campesinos de San Andrés Cholula sobre quienes se han cometido tremendos abusos con la complicidad de diversas autoridades.
Al proliferar los casos de despojo y los abusos sobre numerosas personas, se ha investigado sobre el asunto encontrándose que los expedientes judiciales muestran un patrón de conducta mediante el cual, usando las mismas triquiñuelas, se han ido adquiriendo los predios sobre los que se desarrolla el enorme fraccionamiento Lomas de Angelópolis.
Adicionalmente, las escrituras mediante las que se inician procesos penales contra los campesinos, a quienes además de quitarles sus tierras se les acusa de diversos delitos y se les encarcela o persigue, provienen de las mismas notarías y los amañados procesos judiciales son instrumentados de la misma manera.
Algunos OTROS casos son los de José Cruz Joaquín Mitznahuatl Cuatzo, acusado de robo, despojo de tierras y daño en propiedad ajena, delitos por los que no alcanza fianza; Andrés Clemente Chantes Adrián anciano sordomudo de mas de 80 años a quien buscaron despojar de 20 mil metros cuadrados y la Sra. Alma Sánchez Cruz propietaria de 6.3 hectáreas dentro del fraccionamiento Lomas de Angelópolis, predios de los cuales casualmente tienen también escrituras los propietarios del fraccionamiento.
Por defender sus terrenos la Sra. Sánchez Cruz enfrenta actualmente el proceso 153-06 y la denuncia penal 1775/2005, acusada de despojo, pero estas personas saben con quien se meten y así aunque la Sra. Sánchez Cruz vendió terrenos al juez federal Jorge González Álvarez y al regidor del Ayuntamiento de Puebla Humberto Vázquez Arroyo sus propiedades fueron respetadas y no fueron incluidas en la denuncia de despojo.
Maurilio Galeote Mixcoatl dirigente del Movimiento de Pueblos Cholultecas solicitó una entrevista directa con el gobernador Marín para que les ayude a frenar las presiones y voracidad de estos delincuentes, acusando también que estas personas siempre evitan dar la cara y usan a terceras personas como José Manuel Ortega Cerecedo, Máximo Cuaya Marcos, Hilaria Xontle Coyotl, Adriana Vázquez Delgadillo y unos seudoabogados llamados José Luis Tepanecatl Mani y Gustavo Xochitecatlmacuil para que presenten denuncias falsas para presionar y amedrentar a quienes pretenden despojar.
Otra denuncia la realizaron 65 familias de Sn. Antonio Cacalotepec quienes no recibieron el pago a que se habían comprometido los especuladores, cantidad superior a los 30 millones de pesos. Así lo denunció Javier Hernández Román presidente de la Asociación Civil en Defensa de los Derechos de Ejidatarios y Posesionarios de Tierras.
En coincidencia con los casos reseñados también manifestó que los propietarios del fraccionamiento y sus empleados intimidan a las familias para que vendan sus terrenos, los presionan en sus propias casas diciéndoles que sus terrenos serán expropiados aprovechándose de la ignorancia de los campesinos.
Adicionalmente, lo que este fraccionamiento ha pagado por concepto de diversas licencias y derechos, presenta un déficit de más de cien millones de pesos que han dejado de ingresar a las arcas de San Andrés Cholula, debido a los sobornos sobre funcionarios de ese municipio.
El asunto pone al descubierto prácticas delictivas y redes de corrupción e impunidad que comprometen a personajes y funcionarios públicos y se suma a otros casos que han tenido repercusiones nacionales. Se prosiguen investigaciones que pueden derivar en uno de los mayores escándalos inmobiliarios en el país.
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