No se vaya con la finta, los puntos centrales de la tristemente célebre iniciativa “Bailleres” no tienen que ver con la despenalización del aborto o la muerte asistida.
Si bien estos temas fueron moneda de cambio para negociar con lo más recalcitrante de la derecha a nivel nacional algunos asuntos como la no intervención del gobierno federal en el proceso lectoral de julio, o el facilitar todo lo necesario para la organización la fiesta faraónica que servirá como marco para que los católicos poblanos le den la bienvenida como auténtico Mesías al nuevo arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza, lo que realmente busca el gobierno del estado con las modificaciones constitucionales en materia de Derechos de la Familia aprobadas por el legislativo local es darle forma a una nueva vacuna que anule los efectos del resurgimiento mediático del caso Lydia Cacho.
Y es que, desde hace meses, los operadores del marinismo sabían que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iba a emitir una recomendación al gobierno de Puebla en el sentido de despedir a los policías judiciales encargados de la detención y traslado de la periodista desde Cancún hasta Puebla y que los ministros de la Corte, la minoría por cierto, que votaron a favor del dictamen de Juan Silva Meza, en donde se argumentaba que existió un concierto de complicidades de autoridades locales para violar los derechos fundamentales de Cacho Ribeiro, publicarían un libro en donde explican los argumentos legales que expusieron ante el pleno del tribunal y que justifican el sentido de su voto.
Entre ellos, el de la supuesta protección a pederastas.
Ambos temas, adelantaron bien, tendrían una cobertura mediática importante, local y nacionalmente.
En este contexto, la prisa con la que fue aprobada la iniciativa y los puntos centrales de la misma -por cierto a los que nadie en su sano juicio podría oponerse- se entienden perfectamente.
En caso de resurgir los cuestionamientos se argumentaría que Puebla es un estado pionero en la República mexicana en términos de aprobar una ley en donde la Familia es reconocida constitucionalmente como una institución fundamental para la cohesión social y en donde sus miembros tiene derechos y obligaciones legales irrenunciables, principalmente para con los hijos.
Así pues, el verdadero punto medular de la iniciativa de ley era el Artículo 27 y sus cinco incisos, en donde se establece que los padres tienen la obligación de proporcionarles a sus hijos, además del reconocimiento legal como tales, protección, alimentación, atención y acceso a servicios de salud y educación.
No cuestiones como el aborto y la eutanasia.
La bizarra polémica por esos temas, la supuesta división de la bancada priista y la controversia constitucional que se presentará próximamente para echar para atrás la nueva ley, han servido en los hechos tan sólo como distractores de lo verdaderamente importante.
latempestad@statuspuebla.com.mx
