Un auténtico dolor de cabeza le puede traer a la administración municipal y al PRI en plena campaña el proceso de expropiación de predios en la colonia Minerales de Guadalupe Sur.
Y es que con discresionalidad, prepotencia y desdén funcionarios municipales del área de planeación urbana y obras públicas se acordaron de la existencia de una vialidad, lo que implicará la afectación de propiedades, cuyas constancias de regularización de la tenencia de la tierra fueron entregadas por Mario Marín Torres en el año de 1993.
Los vecinos se quejan porque los criterios exentan a unos y dañan a otros en el proceso de alineación de la vialidad. Aunque disponen de documentos oficiales que les acredita su propiedad, ahora resulta que en el Ayuntamiento se percataron de que se trata de una zona de riesgo y, por ende, pretenden despojar de propiedades a los colonos en una operación plagada de puntos oscuros.
Un caso concreto. La ciudadana Celia Díaz angustiada por tal situación ha enviado:
1.- Solicitud al director de Planeación Urbana Municipal, José Luis Zeuz Moreno Muñoz para realizar una asamblea generar y atender las peticiones de predios por ampliación de calles y zonas de alto riesgo. Los escritos se han turnado desde el 17 de septiembre del 2007.
2.- Solicitud a José Rafael Herrera Vélez, director de Gestión y Desarrollo Urbano Sustentable, de constancia certificada respecto a su predio con fecha del 9 de mayo del 2008.
3.- Contestación del Ayuntamiento con oficio número 783 con fecha de mayo del 2008, a través de la cual se informa de la afectación del predio y se menciona un decreto del Ejecutivo en el periódico oficial del 27 de junio del 2001 cuando la adquisición se realizó en 1996, donde se marca una restricción de dos metros de ancho por 14 de fondo.
4.- Solicitud otra vez a Moreno Muñoz para que ofrezca una solución a la problemática y se anexa documentación correspondiente con fecha del 18 de junio del 2008.
5.- Como respuesta el Ayuntamiento y con base en una supervisión técnica da respuesta con negativa a la solicitud, porque arguye carecer de licencias para construcción y solicita la intervención del área jurídica con lo que anula su propio oficio de mayo del 2008 y sólo crea confusión.
Las autoridades insisten en que se debe expropiación parte del inmueble de Celia Díaz, pues se ubica en zona de riesgo y el predio servirá para ampliar una calle, pero pierde de vista que todos los servicios como agua potable, luz y telefonía se han pagado desde 1996 ante las instancias correspondientes.
Lo peor es que en el Ayuntamiento sólo amenazan a los vecinos y cuando se les piden los montos de las indemnizaciones se responde que no se sabe.
Se pierde de vista que primero en tiempo, primero en derecho.
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