El debate llegó ya a la Cámara de Diputados federal.
¿Matar o no matar?
El dilema a todas luces parece complicado.
Por un lado están la justificada indignación social ante las condiciones de impunidad con las que operan los grupos relacionados con la delincuencia organizada, cada vez más violentos y sanguinarios, y la asquerosa complicidad de las instancias públicas encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Por el otro, las condiciones en las que se desempeñan las instancias encargadas de procurar y administrar justicia en nuestro país.
Aplicando a rajatabla la primera, no hay duda de que la pena de muerte debe de ser implementada en México.
Esos “desgraciados”, tal y como los calificó el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, precursor de la iniciativa mediante la cual se aplicará ya la pena de muerte en ese estado, no merecen la menor consideración por parte de una sociedad agraviada por sus acciones y que, por un asunto de elemental justicia, demandan para ellos un trato similar al que en su momento le propiciaron a sus indefensas víctimas.
Para buena parte de la población, la respuesta al tema de la inseguridad en México pasa por poner en práctica aquel concepto bíblico del “ojo por ojo” como único antídoto efectivo que garantice una disminución radical en el índice de secuestros.
Sin embargo, en la realidad el tema no es tan sencillo
Cada vez son más las voces que alertan sobre los peligros de implementar en México una medida con estas características.
De entrada, señalan las monumentales deficiencias con las que operan los órganos encargados de la procuración y administración de justicia.
Los errores garrafales (intencionales o no) que cometen agentes del MP en la integración de averiguaciones previas y las dudosas actuaciones de jueces en el ámbito común y federal al momento de dictar sentencias, son factores que vuelven impensable el aprobarla.
Son varias las historias en donde inocentes han purgado y siguen purgado condenas por delitos que no cometieron.
En los pocos casos en donde al final “se hace al fin justicia”, lo único que recibe el afectado a cambio es un simple, frío e hipócrita “usted disculpe”.
En estas condiciones ¿se imagina el número de inocentes que podrían ser ejecutados por aplicar la ley?
Hay quienes también se pronuncian en contra de la pena de muerte bajo el argumento de que el Estado mexicano no puede combatir la delincuencia organizada utilizando sus mismas tácticas.
Combatir la muerte con más muerte no sería la solución, sino llevar a cabo una depuración constante del servicio público que disminuya la impunidad y garantice la aplicación del estado de derecho.
¿Qué tan lejos estamos de esto?
Mucho, más de lo que se imagina.
A LA CARTA
Una opinión muy interesante sobre este polémico tema llegó a La Tempestad.
Vale la pena tomarla en cuenta como parte del debate.
Aquí se la presento.
“La justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella. René de Chateaubriand (1768-1848), diplomático y escritor francés”
“Humberto Moreira y el Congreso de Coahuila pusieron el dedo en la llaga. Presentó a su Congreso, en su calidad de gobernador, una solicitud para enviar al Congreso de la Unión una propuesta de cambio constitucional para reinstaurar la pena de muerte a secuestradores, infanticidas y violadores”.
“En el 2005, la administración de Vicente Fox abolió la pena de muerte que podía aplicarse a los secuestradores, parricidas, salteadores de caminos y en el orden militar”.
“En 1961, un soldado fue el último en ser ejecutado por fusilamiento y de ahí en adelante la pena de muerte fue letra muerta en la realidad nacional”.
“Lo grave del caso es que el Estado no ha logrado frenar el secuestro, que no sólo afecta a los ricos, sino ahora hasta a los pobres. El nivel de desesperación social ve con simpatía el castigar con la muerte a quien ofende a la sociedad al secuestrar y matar”.
“En lo que va del año han muerto casi 400 secuestrados (hasta niños, mujeres y ancianos) y, en el colmo de la incompetencia oficial, pisaron la cárcel apenas 158 delincuentes, que por corrupción judicial el 90 por ciento salen libres”.
“Hoy es materialmente incontrolable el sentimiento de rencor social contra esas sabandijas que no tienen escrúpulos, en un país donde la impunidad es la regla de vida”.
“El principal derecho humano es el de la vida. Los delincuentes no tienen respeto a los derechos humanos de los demás. Entonces, ¿por qué debemos tener respeto por sus derechos?”
“Nos pegaron en una mejilla y al ofrecer la otra nos pegaron en la otra. Ahora, ¿qué otra mejilla podemos ofrecer? Los políticos no deben humillar más a un pueblo que no sólo está cansado de los criminales, que no lo dejan trabajar ni vivir en paz, está cansado de los políticos que toleran o son cómplices de los delincuentes”.
“Por ello, aunque políticamente no está bien visto favorecer la pena de muerte, la mayoría la apoya”.
“Hace poco pensaba que matar a un delincuente, a pesar de su aberrante crimen, es un crimen social. Hoy ante la barbarie, impunidad y colusión de autoridades, empiezo a justificar la pena de muerte”.
“La venganza social apenas sí se verá saciada al ver a los secuestradores y asesinos rumbo al patíbulo”.
“Lo políticamente correcto es dejar hablar a la sociedad, que es la ofendida. No dejar en manos de políticos que han demostrado su incompetencia. No se den golpes de pecho, señores políticos. ¡Actúen!”
“Víctor Sánchez Baños”
latempestad@statuspuebla.com.mx
