Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional
Es verdad que los antorchistas de Querétaro, apoyados por sus compañeros de otros Estados del centro del país, cumplieron ya sesenta días de plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación Federal, en demanda de la liberación de 14 campesinos presos en la capital de aquel Estado, por órdenes expresas de Alfredo Botello Montes, Secretario de Gobierno de la misma entidad. Y es cierto también que la decisión inquebrantable de los manifestantes es la de no retirarse voluntariamente, sin antes haber obtenido una solución favorable a su demanda, o, cuando menos, la seguridad de que las negociaciones marchan a buen paso y por el camino correcto. Pero no se crea que estos humildes mexicanos están allí disfrutando como en un día de campo; no se crea tampoco que su origen modesto los hace bestialmente insensibles a los daños y a las molestias que causan a quienes habitan, transitan o trabajan en el área vecina; no se piense que no sufren y resienten la campaña de satanización, incluidas injurias y acusaciones absurdas de haberse “robado” (?¡) un pedazo de la ciudad, que ha desatado en su contra la propia Secretaría de Gobernación a través de ciertos medios informativos. Nada de eso. Sienten en carne viva su difícil situación, que puede compararse a una poderosa tenaza que los tritura entre sus fauces: de un lado, el gobierno de Querétaro, que en vez de ceder a sus peticiones aprieta el nudo corredizo en torno a su cuello al condenar a trabajos forzados a menores de edad que él mismo liberó en un primer momento por falta de meritos; del otro, la guerra de medios atizada desde las oficinas en que ellos esperaban encontrar comprensión y justicia. Y quien piense lo contrario, como es el caso del conocido comunicador Ciro Gómez Leyva, lo invitamos a que se atreva a vivir, 24 horas siquiera, en ese “picnic permanente” que él dice que es el plantón antorchista.
Pongamos las cosas en su lugar. Los antorchistas saben bien, lo han sabido siempre, que cada vez que salen a la calle, sea por un tiempo breve o por un período largo como en este caso, inevitablemente causan molestias, daños de distinto tipo, a personas ajenas al problema que los moviliza. ¿Por qué insisten entonces? Primero, por imperiosa y acuciante necesidad: porque los problemas se repiten también y porque ellos jamás salen a la calle si antes no han agotado, con creces, todos los recursos previos de gestión, de petición, de súplica, para obtener respuesta favorable a sus demandas. No les queda otra opción. Segundo, porque los efectos negativos de toda arma de la lucha social no sólo son inevitables, sino absolutamente necesarios; es eso lo que les confiere su carácter de verdadera arma de lucha. Sin eso, sin repercusiones de ningún tipo, se volvería totalmente inocua y nadie se preocuparía por hacerle caso. Por eso, quienes, sin reparar quizás en su incongruencia, afirman que no están en contra del derecho constitucional de manifestación pública, pero sí en contra del daño que causa a terceros, nos están diciendo que aceptan la causa pero no su efecto. Se parecen al enérgico papá del cuento que dio permiso a sus hijos de jugar al toro “pero sentaditos y sin hacer ruido”. Tercero, porque, como he sostenido ya en otras ocasiones, si es cierto que todo mundo puede ejercer un derecho pero sin afectar el derecho recíproco de terceros, estamos ante un juicio perfectamente reversible, esto es, si quienes ejercen su derecho a la libre manifestación pública no deben afectar el derecho de libre realización de las actividades cotidianas de los demás, también debe ser cierto que éstos, a su vez, no pueden ejercer sus actividad a costa de suprimir la garantía constitucional de libre manifestación. Es una clarísima contradicción entre dos derechos iguales y de signo contrario; y en toda situación así, o decide la fuerza o actúa un árbitro, en este caso el Estado, para conciliar los intereses de ambas partes. Pero los censores de los plantones, como don Ciro Gómez Leyva, pretenden resolver el problema recurriendo a la policía, es decir, suprimiendo por la fuerza el derecho de los más débiles.
En entrevista al vocero de Antorcha, el Ingeniero Homero Aguirre, don Ciro interrogó: ¿qué culpa tienen los comerciantes de lo que les pasa a ustedes? ¿Por qué son ellos los que tienen que pagar los platos rotos? La intención era clara: puesto que su plantón perjudica a terceros, deben levantarlo de inmediato aunque sus presos se pudran en la cárcel. Pero la respuesta correcta, justa, a esta cuestión, es la siguiente: no son los comerciantes, ni los ciudadanos que viven o transitan por la zona del plantón, los culpables de lo que le sucede a 14 campesinos pobres injustamente encarcelados; pero tampoco somos culpables los antorchistas que los defendemos. Los culpables están a la vista: son el gobierno de Querétaro, por comisión, y Gobernación Federal, por omisión, por negarse a intervenir (cuando menos hasta hoy) para restablecer las garantías constitucionales pisoteadas por el gobierno de aquel Estado. Por tanto, es contra ellos, y no contra los antorchistas, contra quienes debería dirigir sus dardos don Ciro Gómez Leyva.
Los antorchistas estamos ansiosos por levantar el plantón, pero no al precio de dejar en la total indefensión a nuestros compañeros. Por eso, y no por desafiar a nadie, es que declaramos que no nos iremos sin una respuesta correcta y justa entre las manos. Este día (miércoles 3 de diciembre) por la tarde, habrá (así se nos ha prometido) una mesa de negociación en Querétaro con la mediación de funcionarios y abogados de Gobernación Federal. Nuestra expectativa es que esta dependencia actúe como juez imparcial y no como parte interesada en el diferendo, y que, en consecuencia, dé la razón a quien la tenga. Sólo eso. Cualquier otra postura hará abortar el diálogo y, entonces, que no se nos culpe si el plantón se prolonga indefinidamente.
