Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional
Se sabe perfectamente bien que cuando un gobierno no quiere o no puede resolver las carencias más urgentes de la población, por una razón natural se va tornando, poco a poco, más autoritario, más impositivo, menos dispuesto a escuchar razones y a respetar los derechos de opinión y manifestación pública de los ciudadanos inconformes y, por último, termina recurriendo a la represión directa y al uso pervertido de la ley como recurso justificatorio de la persecución y encarcelamiento de sus opositores.
Aunque las cifras y las voces oficiales digan lo contrario, todos sabemos que la pobreza en México, lejos de disminuir, tiende a incrementarse alarmantemente, día con día, en cantidad y en calidad; es decir, que crece el número de pobres y se ahonda la miseria de todos los marginados, sin que se vislumbren acciones enérgicas y efectivas que puedan, en el corto o mediano plazo, remediar, o cuando menos paliar, esta crítica situación.
La gran mayoría de los mexicanos, con un salario raquítico que muchas veces no rebasa los 40 pesos diarios, tiene que hacer frente a gastos ineludibles como renta, agua, luz, gas, comida, ropa, calzado, transporte, medicinas, educación de los hijos y varios etcéteras más que no es necesario agotar aquí. Esto, sin contar a los desempleados, a los subempleados, a los discapacitados, a los ancianos no pensionados, a los jóvenes de la calle, a quienes se “auto emplean” en actividades que más bien son una forma disfrazada de acogerse a la caridad pública, que, todos ellos en conjunto, no reciben, realmente, ningún tipo de ingreso garantizado y seguro. Viven en la franca indigencia.
Y, para acabar de completar el cuadro, resulta que nuestros representantes en el Poder Legislativo, o sea, los señores Diputados miembros de los Congresos estatales y del propio H. Congreso de la Unión, sin distingos de partido, se han convertido en una fabriquita de leyes dizque para “combatir la inseguridad y la delincuencia”, pero cuyo verdadero propósito es combatir las manifestaciones más incómodas y visibles de la pobreza. Leyes contra la “piratería”, contra la mendicidad, contra los franeleros y limpiaparabrisas, contra quienes “formen colonias irregulares”, contra el “comercio ambulante”, contra los vendedores en el metro e, incluso, iniciativas para “prohibir marchas y manifestaciones” o, cuando menos, “regularlas” para que no causen ningún daño ni molestia a quienes circulan en sus autos de lujo por las avenidas de las grandes ciudades del país.
Junto con todo esto, hay una campaña de desprestigio y de satanización en contra de las organizaciones sociales que se han resistido a convertirse en simples instrumentos del arribismo político de sus líderes, que se han negado a constreñir su programa de trabajo a la pura actividad electoral (o electorera) e insisten en demandar, de los distintos órdenes de gobierno, soluciones concretas a demandas concretas y urgentes de los que menos tienen. Olvidándose de que los derechos de organización, agrupación, petición y manifestación pública son otras tantas garantías ciudadanas consagradas en la Constitución General de la República, todos los gobiernos de todas las entidades federativas del país, sin importar su origen partidario, han cancelado de un plumazo esas garantías alegando que “no tratan con organizaciones sino sólo con ciudadanos” y negándose, en redondo, a todo diálogo serio y constructivo en busca de soluciones justicieras para quienes las demandan y las necesitan. A ello le agregan costosas campañas en los medios en las cuales califican a esas agrupaciones de “manipuladoras de la pobreza”, de “corporativistas”, de “clientelares”, etc., al mismo tiempo que acusan a sus líderes de simples vividores y chantajistas que sólo buscan el lucro personal.
Pero como el hambre, la falta de trabajo, de vivienda, de servicios básicos en general y de otros satisfactores igualmente urgentes, no se curan hoy, ni se han curado nunca, con amenazas, cerrazón y calumnias, los pobres de México no solamente no han renunciado a su derecho a manifestarse públicamente y a reclamar de sus gobernantes atención a sus carencias, sino que cada día están más conscientes de su situación y resueltos a perseverar en su lucha. Es por eso que hoy asistimos a un evidente giro de la política intimidatoria de la mayoría de quienes detentan el poder público: crecen las denuncias prefabricadas y las “averiguaciones previas” en contra de los luchadores sociales; por todos lados surgen y proliferan las amenazas de cárcel para disuadir a quienes luchan organizadamente por mejores condiciones de vida. Dicho en pocas palabras: avanzan y se generalizan los intentos por pasar a usar la ley como instrumento de una política represiva en contra de las masas populares y sus líderes, crece la tentación represiva de los poderes públicos escudándose tras el derecho para ocultar la abierta y brutal violación de ese mismo derecho.
Ante esta ominosa realidad, al pueblo mexicano, a sus destacamentos más alertas y decididos, no les queda más remedio que unirse, que cerrar filas como un solo hombre, sin arrogancias ni sectarismos de ninguna especie, para exigir el pleno respeto de las garantías constitucionales y la inexcusable solución a sus carencias y necesidades. Hay que recordar, una vez más por si hiciera falta, que pueblo que no defiende su libertad merece ser esclavo.
