Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional
En un artículo reciente informé que, el lunes 29 de septiembre de 2008, a eso de las 4:30 de la madrugada, un grupo de 250 granaderos fuertemente armados, sin presentar la orden legal correspondiente, se llevó detenidas a 23 personas del poblado de La Piedad, municipio de El Marqués, en el estado de Querétaro. El motivo aparente fue que se hallaban haciendo guardia cerca del pozo que surte de agua a la población, propiedad de la mencionada comunidad, porque el gobierno del estado pretende arrebatárselos para ocultar el saqueo de las finanzas (provenientes del cobro del servicio) que ha venido cometiendo, desde hace once años, Roberto Hernández Barrón, un tipo que se ostenta como dueño del pozo sólo porque es cuñado del Secretario General de Gobierno, Alfredo Botello Montes. Insistí e insisto en que todo fue una brutal represión oficial, ya que los vecinos sólo cuidaban algo cuya legítima propiedad no les discute ni siquiera el gorila que los mandó reprimir; y una sólida prueba de ello es la misma “explicación” que Botello Montes (y sus subalternos que le hacen coro) dio a los medios: el “operativo”, dijo, era necesario porque la gente se oponía a la desinfección del líquido, poniendo en riesgo la salud de los usuarios; pero no cuestionó la propiedad del pozo. Ese “argumento” (además de falso, puesto que el mecanismo de cloración es automático y nunca nadie lo desconecto ni solicitó comprobar su funcionamiento) pone al descubierto, mejor que cualquier alegato, el uso arbitrario y faccioso de la ley por parte del gobierno queretano y del juez respectivo. Éste funda la formal prisión a 14 de los detenidos en los delitos de sabotaje (¿la comunidad se auto agrede? ¿Por ignorancia o por masoquismo colectivo?), grave peligro de devastación (¿a su salud o a su legítima propiedad?) y resistencia de particulares (todos estaban dormidos dada la hora del operativo, y se los llevaron en paños menores). ¿Dónde está la relación, lógica o factual, entre estos delitos y la nunca demostrada contaminación del agua?
La represión se evidencia mejor si se sabe que, entre los 14 presos, se hallan el Presidente y dos miembros más del actual comité administrador del pozo (que desplazó a Roberto Hernández Barrón y camarilla), y, además, un miembro del Comité Estatal de Antorcha, el compañero Rubén del Río Alonso, que, literalmente hablando, no tiene nada que ver (salvo por su solidaridad) en el conflicto de La Piedad. Pero la ferocidad y el apetito de venganza de Botello no están satisfechos; como el Moloch de los antiguos semitas, exige más víctimas inocentes. De fuente segura sabemos que, de un momento a otro, se librará (si no se ha librado ya a estas horas) orden de aprehensión en contra del profesor Gerónimo Gurrola Grave, cabeza del antorchismo queretano y miembro, además, de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo del Movimiento Antorchista Nacional, y de la licenciada Yesenia Valdés Flores, abogada de los detenidos. La licenciada Yesenia no ha hecho otra cosa que prestar sus servicios profesionales a los habitantes de La Piedad; y al profesor Gurrola Grave no se le puede acreditar ni siquiera una presencia personal, física, en la comunidad. Por tanto, si, como queda dicho, no hay manera de establecer una relación racional, creíble, entre las acusaciones y la conducta real de los ya formalmente presos, en los casos de la licenciada Yesenia y del profesor Gurrola Grave la violación a la ley y a sus derechos políticos y humanos más elementales raya en lo demencial. Parece cosa de locos, aunque sólo lo es de fanáticos con poder.
A los antorchistas nada de esto nos sorprende ni nos asusta. Lo vemos como lo que es: una prueba más de que en México, como lo sabe y lo dice todo mundo, la ley y los jueces (con las honrosas excepciones de siempre) no están para defender a los desamparados e impartir verdadera justicia, sino al servicio de quienes detentan el poder real; son ambos armas para encubrir los abusos e injusticias de los poderosos mediante las amenazas, los golpes y la cárcel. Tampoco nos sorprende que las más altas instancias del país, como la Secretaría de Gobernación Federal y la propia Presidencia de la República, aparentando sólo desprecio e indiferencia hacia nosotros, pongan oídos sordos a nuestros reclamos y dejen hacer a su antojo a los sátrapas locales. Con ello ponen de manifiesto su aprobación tácita a tales conductas, si no es que las ordenan ellos mismos. Sabemos bien, siempre lo hemos sabido, que a los pobres y lastimados no les queda más recurso que organizarse y desplegar una unidad y una solidaridad a prueba de cárcel y de balas.
Se acercan elecciones. Es hora de llamar al pueblo de Querétaro y de todo el país a vigilar la conducta no sólo de los candidatos que solicitarán su voto, sino también de los partidos políticos que los respalden, sobre todo allí donde se trate del partido que gobierna, como es el caso del PAN en Querétaro. Los habitantes de La Piedad deben estar atentos y preguntarse: ¿qué hacen o que dicen el PRD, el PRI, el PAN y los demás partidos, en relación con la represión que están sufriendo? ¿De qué lado están? Y votar en consecuencia llegado el momento. También se acerca el momento en que Alfredo Botello Montes pierda (posiblemente) su posición actual de señor de horca y cuchillo; llega la hora, pues, de que el antorchismo nacional arrecie su lucha para que se esclarezca plenamente el vil asesinato de Jorge Obispo Hernández, que permanece abierta y obscenamente impune. Convoco a mis compañeros de todo el país a que desatemos, ya, por todos los medios que sabemos, una intensa campaña exigiendo al órgano judicial del Estado de México el pleno esclarecimiento de ese horrendo crimen; y a los siempre combativos antorchistas mexiquenses, que se apersonen ante ese mismo órgano, y ante el gobernador Enrique Peña Nieto, demandando justicia. Si es necesario, debemos llegar a las grandes concentraciones y al plantón indefinido en Toluca hasta obtener respuesta satisfactoria. Así lo exigen los tiempos.
