Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional
Aunque no hace mucho me ocupé del asunto, quiero recordar brevemente algunos antecedentes para ubicar al posible lector. Hace unos treinta años, la comunidad de La Piedad, municipio de El Marqués, Querétaro, acordó hacer un pozo profundo para curar la falta de agua entubada que padecía desde tiempos inmemoriales. La obra, el equipamiento de la misma y el tendido de la red de distribución, se financiaron con las aportaciones y con faenas gratuitas de la gente, y el pozo se excavó en un terreno donado por un vecino del lugar. Nunca hubo duda, pues, de que la obra pertenecía a la población de La Piedad. Cuando la misma estuvo terminada, el pueblo acordó que fuera administrada por un comité electo democráticamente cada cuatro años, el cual, con las cuotas de los derechohabientes, daría mantenimiento a la instalación, haría las reparaciones necesarias y ejecutaría las ampliaciones que demandara el crecimiento de la población.
Todo fue bien durante casi veinte años, hasta que el comité quedó en manos de Roberto Hernández Barrón, un vivales que, aprovechándose de la ignorancia y la absoluta falta de malicia de nuestra gente campesina, sólo buscaba forrarse los bolsillos a costa de quien fuera. Ya en el poder, subió la cuota del servicio, condicionó a fuertes pagos la dotación del mismo a nuevos solicitantes y, finalmente, cortó el agua, sin más, a quien no se pusiera “a mano” o a quien no fuera de sus simpatías. Todo lo soportó la gente en espera del cambio del comité; pero cuál no sería su sorpresa cuando, llegada la fecha, Hernández Barrón, simple y llanamente, se negó a entregar el cargo. La comunidad le exigió respeto a los acuerdos de asamblea y un informe financiero, puesto que jamás había rendido cuentas a nadie; pero el señor respondió que no haría nada de eso porque el pozo era de su propiedad. Y presentó documentación formalmente en regla pero que, en el fondo, escondía un vil despojo a la comunidad. Y este es el lugar y el memento para recordar que Roberto Hernández Barrón, además de sus prendas personales, es cuñado del arrogante y temible (tenebroso) Secretario General de Gobierno, Alfredo Botello Montes.
Así comenzó el viacrucis de los habitantes de la Piedad, que ya dura casi doce años. Han hablado con todo mundo, incluido el actual presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, quien está facultado por ley para decidir el diferendo; pero este señor, en vez de hacer justicia, entregó el pozo a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para encubrir los malos manejos de Roberto Hernández. Urgida por la falta de agua y ante el muro impenetrable de complicidades con que se ha topado, la comunidad de la Piedad (con excepción de unos cuantos traidorcillos manipulados por el gobierno) decidió tomar de hecho lo que le corresponde de derecho: se posesionó del pozo y comenzó a administrarlo en beneficio de la gente. El gobierno desató de inmediato una campaña de medios distorsionando los hechos, echándole la culpa del problema a Antorcha Campesina y amenazando a los rebeldes con aplicarles “todo el peso de la ley” (?¡). Los pobladores no se amedrentaron y no entregaron el pozo y, por eso, el lunes 27 de septiembre, a eso de las 4:30 de la madrugada, más de doscientos cincuenta granaderos irrumpieron en La Piedad y se llevaron detenidas a 23 personas. Entre ellas iban 9 menores de edad, además de dos miembros del actual comité del pozo (el presidente, Mauro Ledezma López, y el vocal, Vicente Valencia Hurtado) y un miembro del Comité Estatal de Antorcha Campesina que hacía guardia en solidaridad con el pueblo en lucha, Rubén del Río Alonso. Iban por ellos.
En este momento (tres días después de la represión), la situación es la siguiente: los nueve menores de edad fueron puestos en libertad sin más razón jurídica que tirar peso muerto y peligroso; a los 14 restantes, se les dictó auto de formal prisión por los delitos de sabotaje, peligro de devastación y resistencia de particulares, es decir, un auténtico despropósito que vuelve a evidenciar (como el caso de Cristina Rosas Illescas) que los jueces de Querétaro están a las órdenes de la Secretaría General de Gobierno y no de la justicia y el derecho. Además, vehículos de esa Secretaría, tripulados por personal que tampoco oculta su origen, están recorriendo las colonias y pueblos con presencia antorchista, para amenazar con cárcel a la gente que se movilice en defensa de las víctimas de La Piedad, y corren insistentes rumores de que se prefabrican delitos contra la abogada de los detenidos, licenciada Yesenia Valdés Flores, y contra el líder de Antorcha en Querétaro (miembro, además, de la Dirección Nacional y de su Comité Ejecutivo) profesor Jerónimo Gurrola Grave. El fascismo desatado.
Quiero aclarar que, salvo por la solidaridad con los humildes que nos enorgullece, Antorcha Campesina no tiene ninguna responsabilidad en el conflicto: ni lo originó ni fue ella quien tomó el pozo. También, que es una burda mentira del Vocal Ejecutivo de la CEA, Manuel Urquiza Estrada, que la represión obedezca a que no se permitió clorar el agua (con riesgo para la salud de los usuarios), ya que ni se analizó nunca el líquido ni se pidió jamás a la gente que permitiera su desinfección. Todo es un ridículo embuste para limpiarle la cara al gorilato de Querétaro. A pesar de ello, no dejaremos solas a las víctimas; libraremos una nueva batalla por la justicia y la libertad y denunciaremos la brutalidad del gobierno panista queretano, brutalidad que se aplica cuando la pobreza, el hambre y las enfermedades se están cebando en los más humildes del país. Pasaron ya los tiempos (los del tan satanizado y vilipendiado PRI) en que una carta abierta al Presidente de la República, o a su Secretario de Gobernación, tenían algún efecto para detener las arbitrariedades de dictadorzuelos menores; hoy, esas autoridades parecen complacerse en despreciar e ignorar los llamados de auxilio de los débiles. La lucha, pues, no será fácil; pero la daremos de todos modos porque así lo reclama la salud de la nación.
