El día jueves 21 de agosto del año que transcurre podemos definirlo como el punto de quiebre. Por décadas hemos venido sufriendo un deterioro en los niveles de vida como consecuencia de la inseguridad que prevalece en algunas partes del territorio nacional y hemos actuado con ligereza ante este fenómeno cuyas causas sigue siendo múltiples y por tanto, complejas.
La expresión punto de quiebre es utilizada frecuentemente para indicarnos que el rumbo que hemos venido transitando no es el correcto y ante la situación en la que nos encontramos, se llegó a la necesidad de construir un acuerdo nacional que busque ante todo mejorar los niveles de seguridad pública. Lo anterior no significa que la sociedad y las instituciones públicas no hemos hecho nada, más bien debemos entender que lo hecho hasta hoy ha sido insuficiente y por ello, tenemos ante nosotros uno de los retos más formidables que deberemos afrontar y resolver en el corto y mediano plazo.
No solo es un deber ciudadano e institucional atender la seguridad pública es sobre todo la capacidad que tendremos los mexicanos de considerarnos sociedad apta y competitiva en el mundo globalizado, puesto que el pensar a la sociedad postrada ante la ilegalidad, significa un fracaso de nuestra organización política.
No se trata de ser pesimista ni crítico demoledor, más bien es el momento de ponernos a trabajar en un tema que siempre hemos sabido, nos afecta a todos.
Creo sinceramente que con todo lo que recientemente se ha publicado en relación a los fenómenos de delincuencia organizada, de delincuencia común, de la tendencia ciudadana de evadir el principio de legalidad, de la impunidad que resulta, no sólo del incumplimiento de la ley, sino además de la ineficacia de ciertas instituciones y procedimientos para contener efectivamente la comisión de los delitos. Es verdad que hay corrupción pero no únicamente en las instituciones públicas, lo hay en todos los demás espacios sociales y ante ello hemos actuado con ligereza, desidia y a veces hasta con frivolidad.
Lo que debemos realizar de manera inmediata es el reconocer que el sistema normativo mexicano no es el mejor pero tampoco es el peor y por ello lo que hace falta es conocer, comprender y acatar la Constitución General de la República, principalmente en el apartado que se conoce tradicionalmente como el que contiene las garantías individuales.
La seguridad pública está vinculada a varias disposiciones constitucionales y los principales valores están tutelados en diversos dispositivos como el derecho a la vida, a la propiedad privada, a las libertades y al debido proceso legal, entre otros.
El párrafo sexto del artículo 21 constitucional determina que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios, pero el servicio de policía está vinculado también a la función del ministerio público que debe ser profesional, a la de los jueces, y a los sistemas de reclusión y reinserción social del delincuente, siendo necesario que todos ellos operen eficiente y coordinadamente.
El ciudadano y las organizaciones sociales deben aceptar que su participación es fundamental, pues en primer término reitero que quien viola derechos humanos es el particular y las instituciones públicas afectan garantías individuales, cuestiones que evidentemente no son iguales. He de recordar que el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad y por ello, con optimismo espero que el Pacto Anticrimen, sea un nuevo rumbo de nuestro país con la participación positiva y efectiva de sociedad e instituciones públicas.
