En estos días se discute el otorgamiento del Registro Político del Partido Mexicano Rumbo a la Democracia. En teoría, el Consejo General del Instituto Federal Electoral tendría que dictaminar favorablemente la petición hecha por los ciudadanos que lo conformamos: realizamos 241 Asambleas Distritales, logramos afiliar a más de 360 mil ciudadanos y lo más importante: somos mexicanos con diversas ideologías, razas y sin compromiso político alguno.
Es público y notorio que en nuestras filas militan luchadores sociales con décadas de trabajo en beneficio de los mexicanos más desprotegidos. Durante años y consciente de sus orígenes, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestra organización apoyó la lucha obrera desde varios frentes, el último esfuerzo en este sentido fue apoyando a 600 trabajadores, entre autotransportistas y albañiles, número que por sí sólo es incapaz de realizar aunque sea una asamblea distrital y, por ende, capaz de influir en la vida interna de nuestra organización. Aunado a lo anterior, quienes conformamos Rumbo a la Democracia nos hemos preocupado por que nuestro Instituto no se contamine con los intereses de cualesquiera grupo gremial.
La libertad de pensamiento y acción política de los ciudadanos que conformamos el PMRD queda manifiesta en nuestros documentos básicos. En ellos se observa que no existe vínculo alguno entre los intereses de nuestro partido y los de cualquier gremio o sindicato. Asimismo, el IFE certificó todas y cada una de nuestras asambleas y pudo constatar que en ellas jamás se actuó de manera corporativa a favor de organización alguna.
Los Consejeros del IFE deben tener en claro que haber participado en organizaciones obreras no es sinónimo de corporativismo. Negar la participación a quien dirigió alguna organización al interior de un partido, sería tanto como vulnerar la garantía de libre asociación y uno de los más importantes derechos políticos: el derecho de poder participar en la vida política de nuestro país.
Nuestro partido es una organización democrática. Los estatutos establecen en su artículo 15 que el órgano de decisión más importante es el Consejo Político Nacional, el cual está conformado por una pluralidad de creencias e ideologías y es está diversidad la que nos obliga a no negar jamás la participación de militantes que hayan participado en luchas sociales, cuidando siempre que ningún gremio u organización alguna influya con recursos monetarios o en la vida interna de nuestra organización.
