Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional
Los gobiernos de Puebla, los Agentes del Ministerio Público y Jueces, los medios de comunicación y los “defensores de derechos humanos”, saben bien que los asesinatos que padeció y padece Huitzilan de Serdán, municipio pobre e indígena de la Sierra Noroccidental de Puebla, son obra de esa gavilla de bandoleros y asesinos que se hace llamar, con todo descaro, Unión Campesina Independiente (UCI). Saben con certeza que los antorchistas no son criminales idénticos a los ucis y que, por el contrario, es gracias a su trabajo de organización y educación del pueblo pobre, que hoy Huitzilan de Serdán es, según dice la ONU, el municipio de mayor desarrollo humano en toda esa región poblana. Lo saben pero sus intereses son otros. Por eso insisten en callar y en atacar a Antorcha y a los antorchistas, responsabilizándolos hasta de la muerte de sus propios compañeros, como hicieron en los casos de Francisco Luna Gobierno y Ramírez Velázquez Gobierno.
El último crimen de la UCI, cometido a plena luz del día, fue el de Máximo de la Cruz Rivera, deshecho a tiros cuando se disponía a celebrar una asamblea con los antorchistas de Xinachapa, pequeña comunidad perteneciente a Huitzilan. Por la hora en que ocurrió el hecho y por la multitud que lo presenció, los asesinos fueron plenamente identificados; no hay duda de que eran gente de la UCI ni tampoco de que el crimen fue planeado, ordenado y en parte ejecutado por el cabecilla de los matarifes, Bartolomé Melchi Santiago. Sin embargo, apenas este sujeto pisó la cárcel, de inmediato aparecieron los “defensores de derechos humanos”, entre los cuales destacaron la organización Cuali Nemiliztli y la senadora perredista Rosario Ibarra, reclamando su libertad. La lograron; pero no por haber demostrado su inocencia sino, simple y llanamente, porque amenazaron al gobierno poblano con echarle encima toda la jauría mediática y toda la fuerza de masas con que cuentan. El crimen de Máximo de la Cruz sigue esperando justicia.
Pero vayamos a lo de hoy. Nosotros tenemos bien estudiado el modus operandi de la UCI y sabemos que cuando alguien ha sido sentenciado a muerte por ellos, comienzan siempre por acusarlo, en los medios informativos que los protegen y alcahuetean, de haber atentado contra alguno o algunos de ellos. Pues bien, el 22 de mayo el diario poblano “La Jornada de Oriente” publicó una nota según la cual, el día 21 del mismo mes, “ciudadanos del municipio de Huitzilan de Serdán denunciaron penalmente a militantes de la organización Antorcha Campesina” de un “intento de asesinato contra dos personas” y “una golpiza contra un joven…”; según la nota, la denuncia fue presentada en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por Ramírez Gobierno, su esposa María Gómez Cañadero y el hijo de ambos, José Gobierno Gómez, quienes se hicieron acompañar por Miguel Cruz (que la hizo de traductor) y por Fernando Cuellar Muñoz, “presidente de la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Joel Arriaga”. Dicen los quejosos que “el 13 de enero al filo de las 4 de la mañana, un grupo de hombres disparó contra Ramírez Gobierno y su hijo José Gobierno Gómez…” “El Campesino, quien fue militante de AC identifica a tres de los atacantes, quienes también están afiliados a dicha organización: Manuel Hernández Pasión, Delfino Monterde Ramírez y Juan Carlos Monterde”. El propio Cruz (el “traductor”), se quejó a su vez de que su casa es vigilada “por tres hombres vestidos de negro, quienes tenían el rostro cubierto con un pasamontañas del mismo color”, y acusa al presidente municipal de Huitzilan de no hacer caso a su denuncia.
Primera observación: la agresión ocurrió el 13 de enero; la denuncia se presentó hasta el 21 de mayo. ¿Por qué se dejó pasar tanto tiempo? Evidentemente porque nadie alentaba a los agredidos a mentir, es decir, porque los buitres políticos tardaron en darse cuenta que allí había materia para un redituable escándalo mediático. Segunda observación: todo ocurrió “al filo de las 4 de la mañana”, es decir, cuando en Huitzilan reina casi absoluta oscuridad. ¿Cómo le hizo el acusador para reconocer a sus atacantes con tanta precisión? Es claro que sus “asesores” no sólo lo animaron a quejarse, sino que también le sugirieron a quien culpar. Tercer comentario: el “observador” y traductor no es un testigo imparcial sino parte interesada, puesto que también presenta su queja; su testimonio, por tanto, carece de toda validez probatoria. Curiosamente, este señor afirma que quienes lo vigilan se cubren el rostro con un pasamontañas negro; resulta por demás llamativo que quienes atacaron a Ramírez Gobierno y familia hayan olvidado esta elemental precaución. Cuarta y última observación: todo el teatro lo monta Fernando Cuéllar Muñoz, enemigo rabioso e irreconciliable de Antorcha Campesina como consta a todo mundo; y la nota la difunde, poniéndole el toque rojo y amarillo, La Jornada de Oriente, también detractor sistemático de los antorchistas. Conclusión: estamos, evidentemente, ante un sucio montaje para enlodar a Antorcha pero, sobre todo y dado el modus operandi de los UCI a que ya me referí, ante el inicio de un complot para asesinar a Manuel Hernández Pasión, Delfino Monterde Ramírez y Juan Carlos Monterde.
Me apresuro, por eso, a hacer la denuncia antes de que sea tarde. Demando de la Procuraduría de Justicia de Puebla que realice las investigaciones del caso y deslinde responsabilidades, ya que su silencio e inacción favorecen más a la UCI y compinches que a los antorchistas acusados que nada deben. Al mismo tiempo dejo asentado que, en caso de que mis temores se materialicen, los culpables serán, en ese oreden, los ejecutores materiales, el cabecilla liberado por Rosario Ibarra para que siga matando, Bartolomé Melchi Santiago y los “defensores de los derechos humanos” Fernando Cuéllar Muñoz y Miguel Cruz, sin exceptuar, por supuesto, a La Jornada de Oriente que, abusando de su poder mediático, tiende un manto de impunidad sobre los matones para que sigan asesinando. Que conste.
