Una bomba de tiempo tiene en sus manos la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.
Y es que la capital reporta un “elevado nivel de endeudamiento que limitan su viabilidad competitiva”.
De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings al 31 de diciembre de 2007, el Municipio registró una deuda directa de 629.7 millones de pesos, compuesta de la siguiente manera:
Se reportan 470.2 millones de pesos de un crédito proveniente de la reestructura realizada en diciembre de 2005, a un plazo de 15 años; 13.9 millones de pesos, derivados de un financiamiento contratado en 2005, que se terminó de disponer en 2006, por un saldo total de 250 millones de pesos, el cual se terminó de pagar en enero 2008.
Y 145.6 millones de pesos provenientes de un crédito contratado en junio 2007 por 150.0 millones de pesos a un plazo de 5 años.
Derivado del plazo (22 meses) al que se contrató el crédito de 250.0 millones de pesos, el servicio de la deuda en 2006 fue de 123.0 millones de pesos (6.9%/IFOs06 y 23.4%/AI06), mientras que en 2007 ascendió a 221.4 millones de pesos (12.0%/IFOsnov7 y 35.9% / AInov07).
En 2008, se espera una disminución del servicio de la deuda, estimándose en 114.7 millones de pesos (6.3% / IFOs06 , 29.4% AI 3Y).
Frente a este panorama sin duda desolador vale preguntar ¿qué márgenes de maniobra tiene la alcaldesa para rescatar de la ignominia competitiva a la capital del estado?.
¿Para qué alcanza el flujo de caja si los compromisos financieros con la banca comercial tienen asfixiado al Ayuntamiento?.
Ni duda cabe que parte de la deuda heredada proviene de administraciones municipales desde la época de Rafael Cañedo Benítez (q.e.p.d) y se acumulan los pasivos, pero hasta dónde recae la responsabilidad en su manejo por parte del antecesor de Alcalá.
Hay otros dos factores que enturbian el panorama:
1.- La dependencia de ingresos federales, característica común de los municipios en México; no obstante, en el caso de Puebla es mayor a la mediana del Grupo de Municipios Calificados por Fitch Ratings.
2.- Contingencias que pudieran presentarse en el largo plazo, relacionadas con el pago no fondeado de pensiones y jubilaciones.
